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Amnistía Internacional se opone al nuevo Código Penal de Brunei por considerarlo "cruel" e "inhumano"

Amnistía Internacional se ha opuesto al nuevo Código Penal de Brunei que entrará en vigor el 1 de mayo y que permitirá la lapidazión, las palizas y las amputaciones. Desde la ONG han criticado que la nueva normativa lleva al país a sus años más oscuros en lo que se refiere a Derechos Humanos.
El subdirector de Amnistía Internacional en Asia y el Pacífico, Rupert Abbott, ha calificado el nuevo reglamento como "una burla del país a las organizaciones internacionales" y ha pedido que se revoque inmediatamente. Abbott también ha censurado que legalice "condenas crueles e inhumanas". La ley castiga con la pena de muerte faltas que no se encuentran entre "delitos más graves" señalados por la ley internacional, como el robo. Los acusados que fueran menores de 18 años cuando cometieron los delitos también podrán ser condenados a muerte.
Desde Amnistía también desaprueban que se permita "la lapidación en actos que no deberían considerarse delitos, como tener relaciones sexuales extramatrimoniales y sexo consentido entre los adultos del mismo sexo". Además, el nuevo Código Penal incluye varias cláusulas que restringirán el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y que discriminan a las mujeres.
La ley ha recibido duras críticas por parte de los miembros de la comunidad internacional, incluidas las organizaciones internacionales de Derechos Humanos y la ONU. Algunos grupos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) han reaccionado con un boicot a las empresas propiedad del jefe del Estado, el sultán de Brunei.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas revisará el Código de Derechos Humanos de Brunei el 2 de mayo, justo un día después de que entre en vigor. El subdirector de Amnistía Internacional en Asia y el Pacífico ha pedido a los estados miembro de la ONU que aprovechen "esta oportunidad para presionar a Brunei para que revoque este Código Penal y asegurarse de que las leyes del país están en absoluta concordancia con las normativas internacionales de Derechos Humanos".