Aumentan los casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado

En su informe, la organización ha afirmado que "la violencia sexual se dirige contra las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, de forma indiscriminada y con independencia del contexto en el que se produjo su detención".

Asimismo, ha apuntado que entre los afectados por estos abusos figuran opositores al Gobirno, miembros de ONG, estudiantes, mujeres y "cualquier personas percibida como un peligro para el orden moral" del país.

"La magnitud de la violencia sexual que tiene lugar durante los arrestos y el periodo de detención, la similitud de los métodos empleados y la impunidad general de la que disfrutan los autores indica que se trata de una cínica estrategia política cuyo objetivo es asfixiar a la sociedad civil y silenciar toda oposición," ha dicho el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.

La organización ha realizado entrevistas a víctimas, abogados y miembros de ONG para llevar a cabo su informe, que revela la implicación de miembros de la Policía, los servicios de Inteligencia y de militares.

Entre los abusos figuran "actos de violencia sexual, incluidas violaciones, abusos sexuales, violación con objetos, electrocución de los genitales, difamación con argumentos de índole sexual y chantaje.

Por ello, la FIDH ha indicado que "las fuerzas de seguridad cometen estos actos de violencia a gran escala, burlándose del compromiso del Gobierno de hacer de la lucha contra la violencia sexual en Egipto una prioridad".

"Las medidas que se han tomado, fragmentarias y simbólicas, que incluyen reformas legislativas parciales y la creación de una unidad en el Ministerio del Interior dedicada a la lucha contra la violencia sexual, han tenido poca repercusión ante la propagación de esta epidemia", ha advertido.

En este sentido, ha manifestado que las autoridades "toleran ampliamente esta violencia" y que los autores "raramente se ven obligados a responder por sus delitos", recordando que tras el juicio en julio de 2014 contra siete hombres acusados de participar en agresiones sexuales colectivas en la plaza Tahrir durante la toma de posesión del presidente al Sisi en junio de 2011, no han tenido lugar más juicios por este tipo de actos.

"El papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en la comisión de agresiones y acoso sexual, inclusive durante los registros corporales, los controles de seguridad y en las comisarías de policía, disuaden aún más a las víctimas de presentar denuncias", ha dicho la FIDH.

"El Gobierno egipcio debe acabar de inmediato con estos delitos, cometidos por funcionarios que están bajo su autoridad directa. Deben velar por que se investiguen seriamente todas las alegaciones, y por que se enjuicie y sancione a los responsables de conformidad con las normas internacionales," ha señalado la secretaria general de la organización, Amina Buayach.

Por otra parte, la FIDH ha relatado que el Gobierno de Al Sisi "se ha apropiado de la lucha contra la violencia sexual con el pretexto de reforzar la seguridad del Estado mientras orquesta una campaña de represión contra la comunidad LGTB".

"Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas en establecimientos de baños, donde han detenido a personas LGBT a partir de informaciones reunidas mediante vigilancia en Internet y las han acusado de 'perversión' y de 'indecencia sexual'", ha remachado.