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Bruselas elude valorar el veto de Duda a la reforma judicial y analizará próximos pasos el miércoles

La Comisión Europea ha eludido este lunes comentar el veto del presidente de Polonia, Andrej Duda, a dos de las tres leyes que forman la polémica reforma judicial que pone en riesgo la independencia de los jueves, a la espera de que el miércoles el Colegio de Comisarios analice la situación en curso y decida sobre los pasos a seguir.
Bruselas avisó la semana pasada a Varsovia de que está "muy cerca" de proceder para activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que dejaría sin derecho a voto en la UE a Polonia si se constata que la deriva de su Gobierno supone una amenaza grave al Estado de Derecho.
El Ejecutivo comunitario, además, lanzó una llamada al Gobierno ultraconservador de Beata Szydlo para retomar un "diálogo estructurado" con el que acordar soluciones, "una oferta que por el momento no ha sido aceptada", ha informado este lunes en una rueda de prensa un portavoz comunitario.
"Todos los acontecimientos que están ocurriendo y su evolución serán abordados globalmente el miércoles 26 de julio en el Colegio de Comisarios", ha declarado el portavoz Margaritis Schinas.
El veto de Duda a las leyes que afectan al Tribunal Supremo y al Consejo Nacional del Sistema Judicial es uno de los elementos que forman los "parámetros de la discusión" que tendrá el Colegio el miércoles, ha apuntado el portavoz, al ser preguntado por la posición de Bruselas la respecto.
"No puedo avanzar las decisiones del Colegio", ha insistido Schinas, para no aclarar si la Comisión sigue adelante con los planes anunciados la semana pasada, para iniciar este miércoles un nuevo expediente por "violar" las reglas de la Unión Europea y redactar una nueva recomendación sobre el Estado de Derecho en el país del este si la reforma salía adelante.
La reforma que preparaba el Gobierno polaco destituiría a los actuales miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), uno de los principales órganos judiciales de Polonia, cuyos miembros son nombrados por el presidente del órgano, y facultaría al Parlamento para elegir a 15 de sus 25 miembros.
La medida proporcionaría el control efectivo sobre el Poder Judicial al partido en el Gobierno, Ley y Justicia (PiS), que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria.