Bruselas da un mes a Polonia para corregir la reforma judicial que "amenaza" el Estado de derecho

La Comisión Europea ha dado este miércoles un último plazo de un mes al Gobierno ultraconservador de Polonia para que corrija la controvertida reforma judicial que "agrava la amenaza sistémica" sobre el Estado de derecho en este país, o dará los pasos necesarios para activar el artículo 7 del Tratado de la UE que, en última instancia, llevaría a suspender el derecho de voto de Polonia en las decisiones a 28.

"Todos los europeos tienen derecho a una Justicia independiente, la separación de poderes es un principio fundamental de la Unión Europea y de la construcción de nuestras sociedades libres", ha declarado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en una rueda de prensa en Bruselas.

El Colegio de Comisarios ha discutido en su reunión de este miércoles la situación en Polonia y ha constatado que se mantienen las "graves preocupaciones" por el impacto negativo de las reformas polacas, por lo que seguirá adelante con los planes anunciados hace una semana.

Ello implica abrir un nuevo expediente sancionador por una de las leyes que ha salido adelante en la reforma, pese al veto del presidente de Polonia a dos de las cuatro normas tramitadas por el Gobierno, y la publicación de una nueva "recomendación" a Varsovia para salvaguardar el Estado de derecho.

Entre los cambios urgentes demandados por Bruselas destaca la llamada para que Varsovia "no tome ninguna medida de revocación o jubilación forzada" de los jueces que forman el Tribunal Supremo.

Si ello ocurre, ha dicho Timmermans, la Comisión está dispuesta a "activar de inmediato" el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, cuyo primer paso sería contar con el apoyo de cuatro quintos de los Estados miembros para emitir un aviso formal.

BRUSELAS TIENE "LOS ABIERTOS AL DIÁLOGO"

El vicepresidente comunitario ha reiterado que la Comisión mantiene "los brazos abiertos al diálogo" con Varsovia para buscar una solución, una llamada que no ha tenido respuesta de parte polaca desde que se iniciara el proceso en enero de 2016.

Pese a ello, Timmermans ha asegurado confiar en que este último ultimátum sirva para obtener una respuesta "constructiva" y de diálogo del Estado miembro y poder informar en septiembre a los Veintiocho de que "ha habido avances".

En cuanto al nuevo expediente, el Ejecutivo comunitario esperará para enviar la carta formal a que se publique oficialmente la ley sobre los tribunales de derecho común que preocupa a Bruselas.

La Comisión cree que dicha ley supone una discriminación por razón de sexo que contraviene las normativas comunitarias en materia de igualdad y de empleo, al introducir una edad de jubilación anticipada distinta para hombres (65 años) y mujeres (60 años).

También teme que la independencia de los tribunales se vea "comprometida" por el hecho de que el ministro de Justicia gane el poder discrecional de prorrogar el mandato de los jueces en edad de jubilación y de nombrar y revocar a los presidentes de los tribunales.

"La cuestión fundamental es que todo europeo tiene derecho a un juez independiente, un juez que no opere en función de la llamada de un ministro o de un Gobierno", ha censurado Timmermans.