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Bruselas da a Polonia hasta el lunes para corregir violaciones de valores de la UE y evitar proceso sancionador

La Comisión Europea ha advertido este miércoles al Gobierno ultraconservador polaco de Beata Szydlo de que el próximo lunes "a más tardar" iniciará el proceso sancionador que puede llevar a suspender su derecho a voto en la Unión Europea, si para entonces no ha tomado medidas para calmar la "preocupación" por la vulneración del Estado de derecho y de valores europeos en este país.
La decisión ha sido tomada este miércoles de manera colegiada por los comisarios del Ejecutivo comunitario, quienes han dado luz verde al vicepresidente primero, Frans Timmermans, para adoptar un dictamen sobre la situación en Polonia el próximo día 23.
A lo largo de este año, Bruselas ha expresado en repetidas ocasiones su "grave preocupación" por las polémicas reformas impulsadas por el Gobierno para aumentar su control sobre los medios y sobre el Tribunal Constitucional.
Si se da ese paso, Varsovia tendrá dos semanas para presentar sus observaciones a la opinión de Timmermans y avanzar en el diálogo estructurado entre las partes para corregir los problemas detectados, o Bruselas avanzará en el proceso y hará pública una recomendación.
Ello marcaría el inicio del camino para activar el artículo 7 del Tratado --con el apoyo necesario de la Eurocámara y de al menos diez Estados miembros--, que permitiría suspender el derecho a voto de un Estado miembro, si así lo deciden por unanimidad sus socios del bloque.
Se trata de un procedimiento del que la Unión Europea no ha hecho uso nunca hasta ahora y que fue pensado para responder únicamente a una amenaza "grave y persistente" para los valores comunes de la UE.
Para evitar este proceso, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Gobierno del Partido de Ley y Justicia (PiS) que muestre de aquí al lunes "avances notables" para calmar las "preocupaciones" que Bruselas ha expresado en los meses de contactos.
La Comisión ve con inquietud el control del Gobierno polaco sobre el Constitucional, del que cree que no podrá ejercer una "vigilancia efectiva" del respeto de los derechos fundamentales debido a este control.
Entre los temores principales de Bruselas, destaca la calidad del control constitucional sobre las nuevas leyes adoptadas a lo largo de 2016 y los cambios en la designación de jueces del Tribunal.