Bruselas dice que las condiciones si España pide rescate se basarán en recomendaciones ya existentes

La Comisión Europea ha insistido este miércoles en que las condiciones que se impondrán a España si pide el rescate para que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda se basarán en las recomendaciones de la UE en materia de política económica ya existentes, a las que se añadirá un calendario con plazos de aplicación.

El Ejecutivo comunitario considera que estos requisitos son ya "estrictos y eficaces", tal y como reclama el presidente del BCE, Mario Draghi, y ha eludido valorar las declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, anunciando que se impondrán a España condiciones "muy duras".

"Las posibles condiciones ligadas a un programa para un Estado miembro que pide asistencia financiera", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, "estarán basadas en las recomendaciones por país pero presentadas en un memorándum con objetivos políticos específicos y plazos claros".

La Comisión considera que su postura está "en línea" con lo que defiende el BCE en el sentido de que las condiciones "serán estrictas y eficaces". Además, el Ejecutivo comunitario "está dispuesto a jugar su papel en la supervisión reforzada de estas condiciones", ha agregado el portavoz.

Los técnicos de Bruselas mantienen contactos con el Gobierno español para asistirle en la elaboración del plan nacional de reformas que el ministro de Economía, Luis de Guindos, prometió al Eurogrupo en la reunión informal de Chipre y que se presentará el 28 de septiembre, han explicado fuentes comunitarias.

Guindos negó no obstante que este plan sea el primer paso para pedir el rescate e insistió en que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto ni se marca plazos para hacerlo.

Este plan estará basado en las recomendaciones de la UE e incluirá calendarios de aplicación. Algunas de estas recomendaciones, que se aprobaron en julio, ya han sido aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como la subida del IVA, la supresión de la deducción por vivienda o la corrección del déficit de tarifa.

Entre las que quedan pendientes se encuentra seguir retrasando la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida, mejorar las políticas activas de empleo y la coordinación entre los servicios nacional y autonómicos de búsqueda de empleo o liberalizar las profesiones reguladas.