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Bruselas pide que el veto a empresas como Uber o Airbnb sea "el último recurso" y aboga por normas comunes

La Comisión Europea ha propuesto este jueves normas comunes para las plataformas de economía colaborativa en todos los Estados miembros, como Uber y Airbnb, para asegurar que pagan impuestos por su actividad y garantizan la protección de consumidores y empleados, pero ha advertido a los países que su prohibición debe ser "sólo el último recurso".
Además, ha pedido a los gobiernos que "diferencien" entre los ciudadanos que ofrecen un servicio de manera individual o sobre una base "ocasional" y aquellos proveedores que actúen "a título profesional", por ejemplo estableciendo un "umbral de nivel de actividad".
"Una economía europea competitiva requiere innovación. Nuestro papel es impulsar un entorno regulatorio que permita la creación de nuevos modelos de negocio, al tiempo que se protege a los consumidores y se aseguran condiciones fiscales y laborales justas", ha declarado el vicepresidente comunitario responsable de Empleo y Competitividad, Jyrki Katainen.
Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea orientaciones sobre el modo en que deben aplicarse las normas que ya existen en la UE de manera más "ágil y rápido", aunque no son obligatorias para los Estados miembros.
Bruselas ve en la economía colaborativa una oportunidad de crecimiento para la economía europea, en donde quienes quieran iniciar un negocio pueden "testar las aguas" y en donde crear una nueva demanda y nuevos consumidores.
Sin embargo, advierte de que esta oportunidad no debe dar pie a una "economía paralela", por lo que aboga por establecer normas comunes en los Estados miembros que garanticen que esas plataformas pagan impuestos, garantizan la protección de los consumidores y ofrecen condiciones de empleo "justas".
Por ejemplo, Bruselas plantea que la obligación de contar con una licencia o permiso de actividad se aplique "cuando sea estrictamente necesario" por razones de interés público y opina que la prohibición total debe ser "únicamente una medida de último recurso".
En este sentido, los servicios comunitarios advierten en su propuesta de que no se debe exigir estas licencias a las plataformas de economía colaborativa cuando actúan como "intermediarios" entre consumidores y aquellos que ofrecen un servicio como el transporte o alojamiento.
Según una reciente encuesta de Eurostat, uno de cada seis europeos ha recurrido alguna vez a los servicios de las plataformas colaborativas y un 50 % conoce su existencia.
Se trata de un sector que en 2015 movió cerca de 28.000 millones de euros, una cifra que dobla la del año anterior, de acuerdo a los datos ofrecidos por Bruselas.