Bruselas aparca el expediente a Polonia para negociar solución a las dudas sobre el Estado de Derecho

En la práctica ello implica que Timmermans ha decidido no hacer uso de la habilitación que le dio el Colegio de Comisarios la semana pasada para iniciar un expediente sancionador contra Polonia, que podría desembocar en suspender su derecho a voto en la Unión Europea, si no había avances relevantes en los contactos bilaterales.

El Ejecutivo comunitario fijó inicialmente el lunes 23 de mayo como plazo para que su vicepresidente primero tomara la decisión sobre iniciar o no el procedimiento sobre las normas del Estado de Derecho, aunque, tras las críticas de Varsovia, negó haber lanzado ningún ultimátum y matizó que no había una fecha límite para las negociaciones.

Así las cosas, Timmermans ha viajado por sorpresa este martes a Varsovia, en donde cuenta reunirse con la primera ministra, Beata Szydlo, y con el presidente del Tribunal Constitucional, según la agenda facilitada por Bruselas.

Un portavoz comunitario ha considerado "realista" pensar que el miércoles Timmermans informará al resto del Colegio, pero ha descartado que en dicha reunión se tomen decisiones concretas, ya que no estará presente el jefe del Ejecutivo, Jean-Claude Juncker, de viaje al G7 que se celebra en Japón.

"Cuando el presidente regrese y a la luz de los resultados de esta discusión, el Colegio tendrá la oportunidad de volver a discutir el asunto", ha indicado el portavoz, Margaritis Schinas.

El mandato que el resto de comisarios dieron a Timmermans contemplaba adoptar y publicar una recomendación sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia, si el Gobierno del Partido de Ley y Justicia (PiS) no cumplía "avances notables".

El que sigan adelante las conversaciones implica que el vicepresidente primero ha decidido no hacer uso del poder que le dio el Colegio de Comisarios y, por ende, que tal mandato ya no tiene validez.

De adoptarse la recomendación, su publicación marcaría el inicio del camino para activar el artículo 7 del Tratado --con el apoyo necesario de la Eurocámara y de al menos diez Estados miembros--, que permitiría suspender el derecho a voto de un Estado miembro, si así lo deciden por unanimidad sus socios del bloque.

Se trata de un procedimiento del que la Unión Europea no ha hecho uso nunca hasta ahora y que fue pensado para responder únicamente a una amenaza "grave y persistente" para los valores comunes de la UE.