Bruselas propondrá este miércoles un recorte de hasta el 40 por ciento de emisiones de CO2 en 2030

La Comisión Europea propondrá este miércoles fijar un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la UE de hasta el 40 por ciento en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Bruselas pedirá además una cuota obligatoria de renovables de hasta el 27 por ciento para la UE, pero sin metas individuales para cada Estados miembros, y prescindirá del objetivo de eficiencia energética en 2030.

El Ejecutivo comunitario ha renunciado también a presentar una directiva para regular la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica (fracking) y se limitará de momento a dirigir una recomendación a los Estados miembro sobre la evaluación de impacto y las consultas públicas que deben hacer antes de autorizar estos proyectos, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Las negociaciones entre los comisarios continúan hasta el último momento, por lo que todavía podría haber cambios.

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático que presentará este miércoles, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al triple objetivo obligatorio que la UE se fijó para 2020: un 20 por ciento de recorte de emisiones, un 20 por ciento de cuota de renovables y un 20 por ciento de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que ha vivido la UE en los últimos años ha dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta.

Así, incluso dentro del propio Ejecutivo comunitario persiste una discusión "muy intensa" sobre cuál debe ser el objetivo de reducción de emisiones para 2030. La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, defiende un recorte del 40% y cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda -que firmaron una carta conjunta-; pero también de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Portugal o Finlandia.

Sin embargo, algunos comisarios reclaman rebajar el objetivo hasta el 35% alegando que debe preservarse la competitividad de la industria europea. Entre ellos se encuentran el de Industria, el italiano Antonio Tajani, o el de Energía, el alemán Günther Oettinger. Pero también otros procedentes de los países del este -más dependientes del carbón- como el de Presupuestos, el polaco Janusz Lewandowski; el de Administración, el eslovaco Maros Sefcovic; o el de Agricultura, Dacian Ciolos, según las fuentes consultadas.

La patronal europea, BusinessEurope, ya ha dicho que un recorte del 40% sería excesivo porque el resto de socios internacionales de la UE no están haciendo esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas creen que el objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

CAMBIO DE POSTURA EN RENOVABLES

En la última semana, el Ejecutivo comunitario ha cambiado de posición sobre una nueva cuota obligatoria para las renovables, que hace unos días parecía descartada. La opción que se está imponiendo en el colegio de comisarios, según las fuentes consultadas, consistiría en fijar un objetivo jurídicamente vinculante para la UE en 2030, que sería del 25% si el recorte de emisiones es del 35% o del 27% si es del 40%.

Sin embargo, no habría metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, algo que Bruselas justifica por la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta energética de cada país.Mientras Alemania y Francia han firmado una carta con otros seis países - Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal- en la que piden a la Comisión un nuevo objetivo de renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, otros países con Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la energía nuclear o al gas pizarra.

Tampoco España -donde las primas a las renovables son uno de los factores que ha disparado el déficit de tarifa eléctrica- quiere que la UE fije un nuevo objetivo para 2030, según las fuentes consultadas.

De acuerdo con la propuesta que prepara la Comisión, los Estados miembros deberán elaborar planes de acción obligatorios, en los que expliquen qué pretenden hacer en materia de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar.

Lo que sí está claro es que el Ejecutivo comunitario renuncia a fijar ningún nuevo objetivo para 2030 en materia de eficiencia energética, aunque dejará la puerta abierta para hacerlo en el futuro cuando se revise la directiva que se ocupa de esta cuestión. La Eurocámara había reclamado una cuota de ahorro energético del 40%.

Los nuevos objetivos deberán ser refrendados por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 en la cumbre que celebrarán a finales de marzo.

PRECIOS DE LA ENERGÍA

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, y las recomendaciones sobre fracking, la Comisión presentará un estudio comparativo sobre los precios de la energía en los Estados miembros y una propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2.

El estudio sitúa a España como el país de la Unión Europea con mayores costes en la actividad de distribución de electricidad por kilovatio hora (kWh), según el borrador al que ha tenido acceso Europa Press. Pero las eléctricas aseguran que las conclusiones de este informe son "erróneas y alejadas de la realidad". Según Bruselas, estos costes ascienden a 6 céntimos, muy superiores a los países más baratos, Reino Unido y Bulgaria, con apenas 0,5 céntimos, y lideran la clasificación de la UE, por delante de Eslovaquia, Bélgica o Suecia, donde el coste ronda los 5 céntimos.

En cuanto al sistema de comercio de emisiones, la Comisión plantea que en momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen. Estos permisos, que quedarían en una especie de reserva, volverían al mercado cuando la economía vaya bien y aumente el consumo energético.

Bruselas propone que los criterios para determinar cuándo deben retirarse permisos de CO2 del mercado estén predefinidos -teniendo en cuenta las previsiones económicas de la Comisión o los índices de producción industrial- y se apliquen de forma automática, sin una autoridad central de regulación.