La CIDH insta al Gobierno venezolano a excluir a los militares del operativo para vigilar manifestaciones

"La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país", ha dicho el organismo regional a través de un comunicado.

La Comisión ha criticado que "agentes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana utilizaran cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país entre el 30 de marzo y el 8 de abril".

Además, ha enfatizado el hecho de que, a las fuerzas de seguridad se sumaron "grupos armados de civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes", incluidos algunos miembros de la Asamblea Nacional.

La institución continental ha expresado su particular preocupación por la muerte de Jairo Ortiz, un joven de 19 años, en la manifestación celebrada el 6 de abril a las afueras de Caracas por un disparo y ha instado a las autoridades venezolanas a "promover una rápida investigación que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial".

"De especial preocupación resulta también la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información" y "se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen".

"Preocupan a la CIDH las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y las amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales", ha agregado.

La CIDH ha considerado asimismo que "la conducta estatal habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del Gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al Gobierno".

PROTECCIÓN EFECTIVA

Para la CIDH, "la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza". En tal circunstancia, ha subrayado, "debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio".

"La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos", ha indicado.

La CIDH ha vuelto a denunciar "la falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en Venezuela" y ha exhortado al Estado venezolano a "cumplir sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones".

Con este objetivo, ha realizado una serie de recomendaciones entre las que destaca "excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas" y "excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales".

"El uso de este tipo de armas es una medida extrema que no debe utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud en estos contextos", ha sostenido.

La CIDH ha recalcado que, "en el caso que la acción de personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contramanifestantes, tenga el propósito de perturbar o dispersar reuniones, los estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones afectadas por estas prácticas".