El Congreso peruano deroga las leyes de la selva rechazadas por los indígenas

Las leyes 1090 y 1064, aprobadas en 2008 para regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva, fueron anuladas con 82 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, al cabo de un debate parlamentario de más de dos horas.

Según los indígenas, dichos decretos contravenían su derecho a la consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Específicamente, la ley 1090 buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.

Su aprobación respondió a las modificaciones realizadas a la legislación peruana para adecuarla a los pedidos de sectores ecologistas de Estados Unidos previos a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú.

Por su parte, la norma 1064 establecía que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

La decisión del Congreso llevó a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) a pedir a sus bases el levantamiento de las protestas en el interior del país, una medida que será acatada desde el mediodía del viernes, según señalaron sus representantes.

"Nosotros como Aidesep tenemos principios, tenemos un plan de vida que se viene trabajando juntamente con las autoridades regionales. La voz de los pueblos indígenas a nivel de la amazonía peruana debe ser escuchada y respetada por los gobiernos de turno", resaltó la dirigente Daysi Zapata.

Zapata reemplaza al líder Alberto Pizango, quien está asilado en Nicaragua tras ser responsabilizado por el Gobierno peruano de los actos de violencia del pasado 5 de junio en la ciudad selvática de Bagua.

El presidente peruano, Alan García, invocó ayer a la reconciliación, en mensaje televisado, tras afirmar que "es mejor una rectificación valerosa que una obstinación".

"Por ello, pido públicamente que el parlamento apoye (la derogación)", señaló García, quien aseguró que "la tala ilegal y el contrabando de la madera, la siembra ilegal de la coca y la minería ilegal han destruido más de diez millones de hectáreas".

En tal sentido, el jefe de Estado defendió que el Gobierno quería "poner orden, una exigencia también de los sectores progresistas y ecologistas de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio".

El gobernante admitió que nunca se consultó a los dirigentes de las comunidades indígenas sobre estos decretos, lo que consideró como el inicio de la "sucesión de errores y exageraciones" que han vivido todos y de la que sale perdiendo el país.

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró que "hoy día la noticia es la unidad y la reivindicación del Estado peruano con los nativos".

"Primero es el Perú, la paz y la tranquilidad; yo quisiera que se le pregunte a los ciudadanos si no están contentos con la tranquilidad y la pacificación, aunque pueda significar para algunos una derrota del Estado", manifestó.

El Parlamento aprobó también una interpelación contra Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para el próximo miércoles, por los violentos sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, que se saldaron con la muerte 24 policías y diez civiles, entre ellos indígenas.

Sobre esa interpelación, el primer ministro comentó que él no está ocupado "en el ruido político que no produce, sino en el que sí produce: la lucha contra la pobreza y la unidad nacional".

Simon ha anunciado que renunciará a su cargo en unas semanas, cuando la tranquilidad retorne al país, después de haberse sentado a dialogar con un grupo de líderes nativos y proponer la derogatoria de las llamadas leyes de la selva.

A su turno, Ollanta Humala, presidente del Partido Nacionalista Peruano (PNP), reclamó al Ejecutivo "una nueva propuesta para la Amazonía", que vaya más allá de la ya aprobada derogación de los decretos legislativos.

"Nadie puede estar feliz en este momento porque se han perdido vidas humanas y el Gobierno, lejos de echarle la culpa a medio mundo, debe asumir su responsabilidad y rectificar", destacó el líder nacionalista.