El Consejo de Seguridad, dividido en su reacción a las expulsiones de trece ONGs de Sudán

En una muestra de la fractura interna respecto al conflicto de Darfur, los 15 miembros del máximo órgano concluyeron una reunión de urgencia de casi tres horas sobre la situación en el país africano sin poder emitir una posición común.

Un borrador de declaración presentado por Francia se quedó sobre la mesa por carecer del apoyo unánime que este tipo de documento requiere para que pueda ser adoptado.

"No hubo acuerdo entre los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido), así que no hay declaración", lamentó el embajador británico, John Sawers, a la salida de la reunión.

Sin nombrar al país, el diplomático responsabilizó a China por la falta de consenso al señalar que Rusia había dado su visto bueno al borrador francés.

Aseguró que impidió alcanzar un texto de compromiso al insistir que se agregara una referencia "inapropiada" a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de procesar a Al Bachir.

China, la principal aliada de Jartum en el Consejo de Seguridad, es partidaria de que el máximo órgano haga uso de su autoridad para detener la ejecución de la orden emitida el pasado miércoles por el tribunal internacional con sede en La Haya.

Francia, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros miembros del Consejo, se oponen a interferir en el trabajo de la CPI.

Para el embajador de Francia ante la ONU, Jean Maurice Ripert, la actuación de Jartum constituye "una clara violación del derecho humanitario internacional".

"Le pedimos al Gobierno de Sudán que respete los compromisos que ha suscrito en esta materia y vuelva a permitir el acceso de la población a la ayuda humanitaria", agregó.

Por su parte, el representante sudanés ante la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, aseguró que su Gobierno cuenta con pruebas de que la ONU "violó la hospitalidad del pueblo de Sudán" al colaborar con el fiscal del CPI, Luis Moreno Ocampo, en la elaboración del caso contra Bachir.

En particular acusó a las ONGs Care International e International Rescue Committee de facilitar el acceso de la fiscalía a "supuestas víctimas" para "fabricar falsedades" en contra del mandatario.

"Tenemos un expediente lleno de pruebas en contra de estas organizaciones", afirmó.

Mohamad negó que la decisión de su Ejecutivo fuera una represalia por la decisión del CPI y sostuvo que Jartum está movilizando sus propios recursos para atender a los habitantes de Darfur que puedan resultar afectados por la expulsión de los cooperantes internacionales.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Humanitarios, Catherine Bragg, puso en duda que se pueda sustituir con facilidad a los 6.500 cooperantes internacionales expulsados.

"Si no se cambia esta decisión, la gente que sufrirá se contará en millones", valoró.

Bragg destacó que estas organizaciones distribuían la mitad de toda la ayuda humanitaria que llega a Darfur, al tiempo que aseguró que realizaban su labor de manera "imparcial y neutral".

La ONU calcula que 1,1 millones de habitantes de Darfur se quedarán sin recibir alimentos, 1,5 millones sin atención médica básica y más de un millón sin acceso al agua potable si el Gobierno sudanés no rectifica las órdenes de expulsión.