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El Consejo de Seguridad visiona las fotografías sobre presuntas torturas cometidas por el régimen

Las imágenes fueron publicadas en enero en un informe redactado por abogados internacionalistas respaldado por Qatar
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha visionado este martes las fotografías sobre presuntas torturas y abusos cometidos en los centros de detención del Gobierno sirio, facilitadas por un policía militar sirio que trabajó en secreto con un grupo opositor y que sacó del país las imágenes tras huir del país.
Las 11.000 imágenes salieron a la luz en enero en un informe redactado por tres importantes abogados internacionalistas y respaldado por Qatar, tras lo que Damasco rechazó las pruebas y afirmó que eran un intento de torpedear el proceso de diálogo político.
La reunión del Consejo de Seguridad ha sido convocada por Francia, que quiere que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue los posibles crímenes contra la Humanidad cometidos durante el conflicto, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
"Estas brutales imágenes de cadáveres con muestras de inanición, estrangulamiento y agresiones (...) indican que el régimen de (el presidente sirio, Bashar) Al Assad ha llevado a cabo asesinatos sistemáticos e industriales a gran escala", ha dicho la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power.
El informe fue redactado por Desmond de Silva, antiguo fiscal jefe del Tribunal Especial para Sierra Leona; Geoffrey Nice, antiguo vicefiscal jefe en el juicio contra Slobodan Milosevic en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY); y David Crane, quien presentó cargos contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien cumple una condena de 50 años por crímenes de guerra y lesa humanidad.
De Silva, Nice y Crane se reunieron con el desertor sirio, que ha sido identificado como Caesar, y consideraron que su relato es "creíble y veraz". Asimismo, destacaron que las pruebas que ha presentado son "las más completas" hasta la fecha sobre estos presuntos crímenes.
Caesar trabajaba como fotógrafo en la Policía Militar e indicó que su trabajo era "hacer fotografías a los detenidos asesinados", si bien dijo no haber presenciado los supuestos asesinatos. Pese a ello, aportó una descripción detallada del sistema burocrático creado para encubrir dichos sucesos.
"El procedimiento era que, una vez que los detenidos eran asesinados en los centros de detención, sus cuerpos eran trasladados a un militar hospital, a donde eran enviados junto a un médico y un miembro del sistema judicial. En total, se fotografiaron unos 50 cuerpos al día", recoge el informe.
Asimismo, el informe sostiene que "la razón detrás de las fotografías era permitir que se produjera un certificado de fallecimiento sin que las familias solicitaran ver el cuerpo y confirmar que las órdenes de ejecución habían sido llevadas a cabo". Posteriormente, las autoridades comunicaban a los familiares que la muerte se había debido a un paro cardiaco o a problemas respiratorios.
"El procedimiento de documentación era que cuando moría un detenido se le daba un número de referencia relacionado con la rama de los servicios de seguridad responsables de su detención y fallecimiento", agrega. "Cuando el cadáver era llevado al hospital militar se le daba otro número, para documentar falsamente que la muerte había tenido lugar en el hospital", apunta.
Por ello, asegura que "hay pruebas de que un gran número de los fallecidos se encontraban demacrados y que una minoría habían sido brutalmente agredidos, mientras que otros no tenían ojos o habían sido estrangulados o electrocutados".
Al menos 150.000 personas han muerto en los más de tres años de guerra civil en Siria, un tercio de ellos civiles, según los últimos datos revelados la semana pasada por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Según el Observatorio, con sede en Londres y una amplia red de informantes sobre el terreno, el balance real del conflicto podría ser muy superior a los 220.000 fallecidos.
El último balance ofrecido por la ONU el pasado julio elevaba las víctimas del conflicto a al menos 100.000 pero en enero el organismo anunció que no actualizaría sus cifras ante la imposibilidad de hacer estimaciones precisas.