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El Constitucional anula parte de la ley que endurece el control del Gobierno sobre el poder judicial

El Tribunal Constitucional ha decidido anular parcialmente la ley que refuerza el control del Gobierno sobre el poder judicial, una decisión que supone un revés para el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que había aprobado este texto para hacer frente a un escándalo de corrupción.
En un comunicado, el Constitucional ha indicado que ha cancelado los artículos que dan al ministro de Justicia poderes sobre el Alto Consejo de Jueces y Fiscales (HSYK), encargado de realizar designaciones judiciales, y ha pedido que se redefinan las competencias incrementadas del ministro, informa el diario 'Hurriyet'.
La ley, que el Gobierno aprobó como respuesta al escándalo por corrupción que salió a la luz el pasado diciembre y en el que se vieron implicados los hijos de tres ministros, había generado un intenso debate en el país, ya que sus detractores consideraban que afectaba a la independencia de los magistrados.
El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal formación opositora, había presentado una apelación ante el Constitucional el pasado 2 de marzo, argumentando que la ley daba una autoridad extraordinaria al ministro de Justicia.
Según el diario, el veredicto genera ahora cierta incertidumbre, ya que como consecuencia de la nueva ley varios miembros del HSYK fueron destituidos automáticamente y se designaron otros nuevos con el respaldo del ministro de Justicia, Bekir Bozdag.
De ahí que, tras conocerse la decisión del Constitucional, el diputado del CHP Sezgin Tanrikulu haya pedido a los nuevos integrantes del HSYK que "dimitan por cuestiones éticas". "Deberían dimitir tan pronto como la decisión sea publicada en la Gaceta Oficial. La independencia del poder judicial es muy importante y no debería haber ninguna sombra sobre ella", ha declarado el diputado a 'Hurriyet'.
La ley fue aprobada en el Parlamento el 15 de febrero y pese a las presiones, finalmente fue promulgada por el presidente del país, Abdulá Gul, el 25 de febrero, pese a que éste había alertado previamente de que algunos artículos eran inconstitucionales, si bien dijo que el Gobierno lo había cambiado.