Detenida en Filipinas la senadora Leila de Lima, una de las más críticas con el Gobierno de Duterte

De Lima, que fue detenida en el Senado poco antes de las 10.00 horas (hora local), ha insistido en todo momento en su inocencia.

"Como siempre he dicho y ahora repito, soy inocente. No es verdad. Es mentira que me haya beneficiado del tráfico de drogas, y que haya obtenido dinero de las drogas o que haya consentido el tráfico entre presos", ha insistido, según declaraciones recogidas por la cadena GMA.

De Lima, que se había librado de ser detenida el jueves, pasó la noche en una planta del Senado junto a sus dos hijos, Israel y Vicent, y su personal. El portavoz legal de la senadora, Alex Padilla, ha asegurado que llevará el caso "hasta la más alta instancia judicial" este mismo viernes.

La jueza Juanita Guerrero, del tribunal regional de Muntinlupa, ordenó la detención de De Lima por uno de los tres casos por narcotráfico que el Departamento de Justicia ha abierto en su contra, por su presunta participación en la proliferación de narcóticos en la prisión de Bilibid.

Además de De Lima, las denuncias también incluyen al exsubsecretario de Justicia Francisco Baraan III, a tres exasesores de seguridad de la senadora y al que fue responsable del departamento de Penitenciarías, Franklin Bucayu.

De Lima, secretaria del Departamento de Justicia durante el Gobierno de Benigno Aquino (2010-2015), ha sido muy crítica con Duterte desde su llegada al poder, y ya el pasado mes de agosto inició una interpelación en el Congreso para pedir explicaciones sobre la actuación de las autoridades que combaten el narcotráfico y sobre el aumento "sin precedentes" de las muertes.

Su detención llega, además, días después de que reclamara al Gobierno que declare al presidente incapaz de ejercer sus funciones, tildándole además de "el mayor criminal de Filipinas, sino del mundo".

La senadora dijo que el mandatario "es un sociópata asesino en serie", en referencia a las declaraciones hechas el lunes por un expolicía de la localidad de Dávao, que aseguró que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos por orden de Duterte, entonces alcalde de la ciudad.

Arturo Lascañas aseguró que el mandatario había ordenado el asesinato de criminales y personas críticas con su administración durante su periodo al frente de la Alcaldía.

En sus declaraciones, Lascañas se retractó de sus declaraciones ante el Senado y ha confirmado la existencia del 'escuadrón de la muerte de Dávao', agregando que Duterte pagaba a sus miembros entre 20.000 y 100.000 pesos filipinos (entre 375 y 1.870 euros), dependiendo de sus objetivos.