Dictan orden de prisión para los siete militares procesados por la matanza de Tlatlaya

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha informado de que hay suficientes pruebas para iniciar un juicio en a nivel federal respecto a la presunta responsabilidad de los implicados y por ello determinó el ingreso en prisión de un teniente y seis soldados.

En concreto, todos ellos --Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides-- están acusados de un delito de ejercicio indebido de servicio público. A Quintero, Acevedo y Hernández se les imputa además un delito de delito de abuso de autoridad, de homicidio calificado, de alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

Los inculpados se encuentran recluidos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detalló a finales de septiembre que los militares "incurrieron en el exceso de la fuerza" y que, tras el tiroteo con los presuntos delincuentes, "entraron (en el edificio) tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna".

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había mantenido hasta el momento que se trató de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y personas armadas que agredieron a los soldados.

Sin embargo, las declaraciones de Murillo Karam coinciden con las versiones de varios testigos, que --en declaraciones a la edición mexicana de la revista 'Esquire'-- insistieron en que se trató de una "ejecución", después de que los delincuentes se rindiesen.

Por su parte, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró (cuando surgió la polémica) que el Ejército respetará en todo momento los Derechos Humanos de la población civil y añadió que "quien no lo haga será puesto a disposición de las instancias jurídicas para que sean ellas las que determinen las sanciones correspondientes".

"Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando los derechos fundamentales", sentenció.