Diputados 'chavistas' impugnan en el Supremo la declaración sobre la responsabilidad política de Maduro

Los representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han declarado la responsabilidad política de Maduro por "la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de Derechos Humanos y la devastación de las bases económicas y sociales".

La declaración, cuyo examen comenzó en octubre pero se suspendió para favorecer el diálogo entre el Gobierno y la MUD, se aprobó el martes tras dos horas de debate parlamentario y con el boicot del Gran Polo Patriótico (GPP), que aglutina a los partidos 'chavistas'.

"Haciendo uso de la razón y el derecho que nos corresponde, como garantes de hacer cumplir esta Constitución, estamos en la responsabilidad en primer lugar, de denunciar lo que el día de ayer se cometió como un golpe de Estado parlamentario", reza el documento entregado por el GPP a la Sala Constitucional del TSJ.

Los legisladores oficialistas esgrimen que el "golpe" no es solo contra Maduro, sino contra la Carta Magna en sí misma, "al querer pretender declarar una responsabilidad política y un juicio político que en nada está establecido en esta Constitución"

El GPP ha ampliado sus acciones legales a la Contraloría General. El jefe del grupo parlamentario, Héctor Rodríguez, que ha sido el encargado de trasladar la queja a esta institución, ha recordado que la Asamblea Nacional "está en desacato", tal y como declaró el TSJ el pasado verano.

"Hemos acudido a la Contraloría, que preside el Consejo Moral y el Poder Ciudadano, (...) y hemos solicitado a que se inicie un proceso de investigación contra los diputados de la MUD que irresponsablemente cometieron un intento de golpe de Estado", ha indicado.

Rodríguez ya alertó el martes, cuando se disponía a abandonar la Asamblea Nacional para no formar parte de dichas discusiones, de que habría "consecuencias" para quienes apoyaran la declaración de responsabilidad política.

PROCESO PARLAMENTARIO

Al declarar la responsabilidad política de Maduro, la Asamblea Nacional lo empuja a un proceso judicial. Aunque parte de la coalición opositora ha hablado de 'impeachment', en Venezuela no existe esta figura jurídica, por lo que se trataría de un juicio ordinario.

"Esta es la mayor sanción que puede aplicar el Poder Legislativo y puede dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario y desembocar en nuevas elecciones presidenciales", explica el Parlamento en su página web.

La decisión de la Asamblea Nacional podría ser anulada por el TSJ, dado que en agosto determinó que todas las decisiones parlamentarias serán nulas hasta que no se expulse a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.