Dominique de Villepin se sienta en el banquillo con Nicolas Sarkozy como acusación particular

El ex primer ministro de Chirac, que se juega su destino político y no ha cesado en los últimos meses de criticar la acción de Sarkozy al frente del Estado, quiere que los jueces rechacen la acusación particular del presidente en nombre de la independencia de la justicia y del riesgo de presiones.

Unas presiones que, a su juicio, son mucho más que virtuales a la vista del "ensañamiento" y la "rabia" que Sarkozy ha manifestado públicamente hacia él desde que se conoció la oscura manipulación de unas listas -que pronto se revelaron falsas- de supuestos titulares de cuentas de la sociedad luxemburguesa de pagos Clearstream.

Los hechos se remontan a la venta por Francia a Taiwán de unas fragatas en 1991 que han sido objeto de investigación por la justicia francesa por la sospecha de que personalidades políticas e industriales recibieron comisiones irregulares.

En 2003, el informático y financiero Imad Lahoud, gran fabulador que dice haber tenido contactos con Osama Bin Laden, contacta con el vicepresidente del grupo de defensa y aeronáutica EADS, Jean-Louis Gergorin, para darle cuenta de la existencia de unos listados de titulares de cuentas Clearstream de alta sensibilidad.

Los nombres de varios cientos de personas, entre los que hay altas personalidades del Estado, dirigentes de grandes empresas o de medios de comunicación, pero también del espectáculo, como la modelo y actriz Laetitia Casta, también estaban en manos de un joven consultor, Florian Bourges, que los había comunicado al periodista Denis Robert, y quienes ahora -al igual que Gergorin y Villepin- están inculpados.

Gergorin dio cuenta de esos explosivos listados a su amigo Villepin, entonces ministro de Exteriores, y al general de los servicios secretos Philippe Rondot, cuyos cuadernos de notas requisados son algunos de los elementos del sumario más preciados.

Villepin encargó a comienzos de 2004 una investigación a Rondot, que pronto llegó a la conclusión de que todo era una falsificación, y no informó a Sarkozy -entonces ministro de Finanzas- de que figuraba el nombre de su padre, Stephane Bocsa y Paul de Nagy.

Sarkozy no es el único que se ha constituido en acusación particular, ya que otras 38 personalidades cuyos nombres aparecían en los listados falsificados dicen querer que se restituya su honor y que se aclaren las intenciones de esta manipulación de altos vuelos.