EEUU pondrá fin a las limitaciones en su ayuda de seguridad a Bahréin introducidas en 2011

"Pese a que no creemos que la situación de los Derechos Humanos en Bahréin sea la adecuada (...) creemos que es importante reconocer que el Gobierno ha hecho algunos progresos significativos en la reforma de los Derechos Humanos y la reconciliación", ha dicho el Departamento de Estado.

"Esto incluye la aplicación de muchas recomendaciones clave de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin y la reciente liberación de varios prisioneros acusados con crímenes asociados con su asociación y expresión política", ha agregado.

En este sentido, el Departamento ha sostenido que "estos pasos contribuyen a un medio más propicio para la reconciliación y el progreso", al tiempo que ha recordado que "Bahréin es un importante aliado en asuntos de seguridad en la región".

"Pese al fin de estas limitaciones, continuaremos presionando a Bahréin en torno a nuestras preocupaciones sobre los Derechos Humanos. Como hemos dicho muchas veces, tanto en público como en privado, los progresos en este asunto fortalecen la seguridad y la estabilidad de Bahréin y la región", ha remachado.

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.