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La Eurocámara pide incluir salvaguardas contra la apropiación de tierras en proyectos en África subsahariana

El Parlamento Europeo ha reclamado que los proyectos internacionales de la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (NAFSN), un programa agrícola del G8 para la región del África Subsahariana, incluya medidas de protección del medio ambiente y salvaguardas contra la apropiación de tierras.
En una resolución aprobada con 577 votos a favor, 24 en contra y 69 abstenciones, los eurodiputados afirman que algunas características de estos proyectos pueden suponer una amenaza para los derechos de los productores y para el medio ambiente, por lo que han solicitado una mayor transparencia y mejor gobernanza, con el objetivo de abordar las deficiencias y alcanzar los objetivos.
En este sentido, la Eurocámara apunta que muchas familias de granjeros y pequeños propietarios han sido excluidas de las negociaciones, y ha solicitado a compañías privadas a crear mecanismos de recurso y a publicar informes accesibles anuales.
Además, con el objetivo de proteger sus derechos sobre la tierra y evitar la apropiación indebida, los eurodiputados han propuesto que todas las inversiones sean sujeto de estudios independientes sobre su impacto.
Por otro lado, la resolución insta a reproducir los errores cometidos en Asia en la década de los 60, al ignorar los efectos sociales y medioambientales negativos de una agricultura industrializada, y ha enfatizado la necesidad de que la NAFSN debe restringir el uso de fertilizantes químicos y de pesticidas, así como ha resaltado que el riego extensivo puede reducir la disponibilidad de agua en algunas zonas.
Asimismo, los eurodiputados han subrayado que las políticas de inversión agrícola tienen el objetivo de apoyar el desarrollo de economías locales, por lo que los gobiernos africanos deberían invertir en sistemas locales de alimentos para impulsar las economías rurales y garantizar empleos decentes y derechos laborales.
Por último, han destacado la necesidad de defender el derecho de los granjeros a producir, intercambiar y vender semillas libremente, dado que esto sostiene el 90% de la subsistencia agrícola en el continente y es "vital" para incrementar la resistencia al cambio climático.