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La Eurocámara pide abaratar los costes y simplificar los trámites para la restitución de patrimonio cultural

La comisión de Cultura del Parlamento Europeo ha pedido este martes la revisión de las normas comunitarias que regulan la restitución de bienes culturales que hayan sido sustraídos de manera ilegal de un Estado miembro, con el objetivo de simplificar los trámites y abaratar los costes de los procesos necesarios para reclamar su restitución.
La Eurocámara debe aún confirmar esta posición en una sesión plenaria, porque será la que defienda en las negociaciones con los gobiernos europeos y Bruselas para perfilar los cambios definitivos.
Entre las peticiones de los eurodiputados figura que sean los poseedores de las obras quienes tengan que demostrar que tomaron "las precauciones necesarias" para cerciorarse de que no estaban adquiriendo artículos robados, según informa la institución en un comunicado.
Además, perfilan un proceso "más flexible" para exigir la devolución de objetos clasificados como patrimonio nacional por un país y que haya salido de manera ilegal de su territorio después de 1993. Para ello, los eurodiputados abogan por eliminar los límites de antigüedad o valor económico.
Estas medidas pretenden contribuir a enmendar los importantes robos o exportaciones ilegales de patrimonio cultural que han sufrido especialmente países como Italia, Francia, Alemania, Rumanía y Polonia desde la creación del mercado único.
Otro de los cambios propuestos es aumentar los plazos para que las autoridades nacionales encargadas de recuperar las obras tengan más tiempo para clasificar los bienes y reclamar su restitución. Así, dispondrán de seis meses y no de dos para determinar si un artículo localizado en otro Estado miembro constituye un bien cultural propio, extraído ilegalmente; y contarán con tres años -en lugar de uno_para reclamar su devolución.
También piden mayor transparencia y colaboración entre las autoridades nacionales para combatir este tipo de bienes, que según datos de la Comisión Europea representan unos 8.000 delitos cada año contra el patrimonio cultural.