Expertos de la ONU instan a Venezuela a permitir las manifestaciones e investigar las muertes

El mensaje está firmado por la relatora para ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; el relator sobre libertad de reunión y asociación, Maina Kiai; el encargado de la situación de los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst; y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.

"Estamos muy preocupados por las denuncias sobre un uso excesivo e indiscriminado de la fuera durante las protestas, así como por las detenciones arbitrarias y las muertes", han advertido, en alusión a incidentes que "constituirían graves violaciones de los derechos a la vida, a no ser privado arbitrariamente de la libertad, de la libertad de reunión y de la libertad de expresión".

Las protestas se han intensificado a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela amagase con dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. A la muerte de al menos 25 personas --según la ONU--, se sumarían también "cientos" de heridos y "más de 850" detenidos.

Los relatores han lamentado las "tensiones políticas" y la división social y han recordado que, en este tipo de situaciones, "es precisamente cuando los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los derechos de los ciudadanos". Asimismo, han abogado por un diálogo "pacífico" y "constructivo".

USO DE LA FUERZA

Los relatores han cuestionado en su análisis que el Gobierno de Maduro movilice al Ejército de forma "automática" para responder a las manifestaciones, bajo el denominado Plan Zamora. Dicho plan también contempla la participación de civiles armados en la represión de las protestas.

Para los expertos de la ONU, "la creciente respuesta militar es contraproducente", en la medida en que "sólo incrementa las tensiones y aumenta el riesgo de muertes o heridas". "Se deberían facilitar las manifestaciones pacíficas y no considerarlas como una amenaza inherente para la seguridad", han añadido.

En este sentido, han recordado que el uso de la fuerza debería quedar restringido a situaciones en que sea "estrictamente necesario", así como ser "proporcional a la amenaza específica".

Los relatores han insistido en que "el Gobierno venezolano tiene la obligación de investigar las muertes y llevar a los responsables ante la Justicia", sean civiles, policías o militares. En el caso de grupos paramilitares que colaboren con fuerzas oficiales, el Ejecutivo tendría también la "obligación" de procesar a los funcionarios, han apostillado.