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Filipinas insiste en resolver con China el conflicto sobre el mar de China Meridional de forma "amigable"

El Gobierno de Filipinas ha insistido este miércoles en resolver el conflicto que mantiene con China en las aguas del mar de China Meridional de forma "amigable", declaración que llega un año después de que el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) diera la razón a Manila sobre la ausencia de base legal para que Pekín reclame derechos históricos sobre estas aguas.
En un comunicado difundido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno filipino ha reafirmado su "inquebrantable compromiso" con la protección de las reivindicaciones territoriales y los derechos marítimos del país, no obstante, cree que el conflicto en esta zona "debe resolverse de manera consistente con el espíritu de buenas relaciones entre países vecinos".
En el texto, recogido por la cadena filipina ABS-CBN, el Ministerio ha asegurado que para el Gobierno de Rodrigo Duterte es prioritario mantener la paz y la estabilidad en la región, que han llevado a un "ambiente sano de diálogo, cooperación y desarrollo".
La Haya confirmó hace un año que no existe "base legal" para que Pekín "reclame derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos'", en referencia a la línea de demarcación establecida en un mapa de 1947. Si bien el laudo arbitral deja claro el estatus de los territorios dentro de las aguas en disputa, no falla sobre soberanía ni propiedad.
Duterte, que asumió el cargo poco antes de que se tomara la decisión en el tribunal, ha buscado desde el principio suavizar su relación con China. Por ello, el Ministerio ha asegurado que las "audaces iniciativas" de su Gobierno han conseguido cambiar las reglas del juego no sólo en el panorama geopolítico, sino también en la vida de los filipinos.
Su perspectiva, ha señalado Exteriores, ha beneficiado "económicamente" al país y ha reforzado el estatus del presidente como jefe de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y como "pacificador" de la región.
"A través de la adopción de unas relaciones de países vecinos positivas, nuestros pescadores vuelven a ejercer su medio de vida en el atolón de Scarborough", ha señalado Manila. China se hizo con el control del arrecife, en las islas Spratly, en 2012 y expulsó de las aguas a los pescadores filipinos, a los que permitieron regresar después de que Duterte asumiera la presidencia.
Por último, ha insistido en que "Filipinas sigue sin ser enemigo de nadie" y siendo "amigo de todos", en un proceso de búsqueda de "beneficios económicos y políticos para el país", uno de los cuales, ha señalado, es "la seguridad y estabilidad en la región".
DECISIÓN DE LA HAYA
El TPA dio la razón a Filipinas el año pasado en su disputa marítima con China y determinó que el gigante asiático no tiene ningún derecho "histórico" al que agarrarse para reclamar ciertas zonas del Mar Meridional.
"No hay base legal para que China reclame derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos', aseguró el tribunal.
Asimismo, el organismo concluyó que las patrullas llevadas a cabo en la zona por parte de China han amenazado la integridad de los pesqueros filipinos y alertó de los daños causados en los arrecifes de coral por las distintas obras realizadas durante los últimos años.
El Ministerio de Exteriores chino rechazó entonces el dictamen y apeló a una historia de más de 2.000 años. En este sentido, subrayó que "los derechos marítimos y de soberanía territorial" no se verán afectados "bajo ninguna circunstancia" y que Pekín "nunca aceptará" ninguna reclamación ajena.
El Ministerio de Defensa chino ya había adelantado que, independientemente de la decisión llegada desde La Haya, las Fuerzas Armadas del gigante asiático seguirán "salvaguardando firmemente los intereses y derechos de soberanía nacional, de seguridad y marítimos" y respondiendo a "amenazas y desafíos".
AGUAS DEL MAR MERIDIONAL
China reivindica como propias la mayoría de las aguas del mar de China Meridional, ricas en recursos energéticos y pesqueros, y no ha dudado en defender su legitimidad frente al resto de países que también reclaman derechos soberanos: Brunéi, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Las autoridades chinas han llegado a construir islas artificiales y envían patrullas marítimas de forma regular.
Filipinas llevó su caso a La Haya en 2013, en un intento por esclarecer el estatus legal de una serie de arrecifes, rocas e islas artificiales en el banco de arena de Scarborough y en el archipiélago de las Spratly, así como por determinar los derechos que tiene cada uno de los países en aguas aledañas.
El tribunal aplica la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para determinar qué países tienen derecho a explotar ciertas aguas, en base a una generalización que plantea que la soberanía de unas islas garantiza a sus propietarios un radio de acción de hasta 12 millas náuticas.
Manila argumentó durante las vistas que ninguna de las islas o arrecifes de las Spratly son lo suficientemente grandes como para garantizar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas. En cambio, en el caso de Scarborough alega que está incluida dentro de la ZEE correspondiente a la isla de Luzón y, por lo tanto, pertenece a Filipinas.