Fiscalía exculpa a Fujimori y exministros por esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas

De esta forma, Guzmán Baca ha ordenado archivar la denuncia en lo que respecta al delito de crimen de lesa humanidad, ya que sostiene que "no se ha encontrado indicios" de que el gobierno de Fujimori hubiese tenido intención de esterilizar de manera forzosa a las mujeres pobres del país.

El fiscal añade que en este caso, que incluirá la denuncia a seis médicos (por la muerte de una mujer), no se cumple el requisito de existencia de una "estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical". "El Ministerio de Salud es otra cosa, nadie puede obligar a un médico a hacer algo contra su voluntad", ha apostillado, en declaraciones al diario peruano 'El Comercio'.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial reabrió la investigación de las esterilizaciones forzosas en junio del 2013 a raíz de una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Peruano, debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto --en torno a 1.500-- y una de ellas había muerto (en Cajamarca) a consecuencia de las esterilizaciones.

Por este último caso serán denunciados dos médicos legistas y cuatro galenos de una posta médica. A los primeros se los denunciará ante un juzgado de la Sala Penal Nacional por los delitos de encubrimiento real e incumplimiento de funciones, mientras que los segundos se enfrentarán a los delitos de exposición al peligro y homicidio culposo.

"En algunos casos las esterilizaciones afectaban a la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza", ha concluido Guzmán Baca, que rechaza por lo tanto que se hayan producido crímenes de lesa humanidad.

CONTROL DE NATALIDAD

De acuerdo con algunas de las investigaciones judiciales, el Gobierno de Fujimori podría haber implementado un programa de control de natalidad que consistió en realizar esterilizaciones forzosas a 1.500 mujeres de las zonas alto andinas del país.

"En la década de 1990 existió, como política de Estado, un programa de planificación familiar, en el que se encontraban las esterilizaciones, que debían ejecutarse siempre y cuando existiera el consentimiento expreso de la persona afectada, es decir, debían ser voluntarias", explicó a finales de 2012 el Ministerio de Justicia.

"No obstante, el Estado peruano está investigando denuncias penales relativas a esterilizaciones que aparentemente se realizaron sin dicho consentimiento expreso o no debidamente informado, lo que hace pensar que también hubo esterilizaciones forzadas", concluía.