La Fiscalía General del Estado Mayor rechaza investigar la muerte de 34 civiles en un bombardeo en Uludere

"Se entiende que las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados el accidente no abocan necesariamente a la apertura de una demanda civil, ya que se trató de un error inevitable al llevar a cabo su tarea, en línea con los decretos parlamentarios y gubernamentales", han indicado los fiscales militares en su decisión.

La decisión ha provocado una oleada de indignación entre los familiares de las víctimas y los abogados de la acusación, que han anunciado que apelarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que sus intentos ante el Tribunal Constitucional de Turquía no den frutos.

"Ya hemos dicho que la investigación no puede ser llevada a cabo de forma objetiva y neutral por parte de una fiscalía militar. Por ello, y aunque es una decisión inaceptable en términos de justicia, no es una sorpresa para nosotros", ha dicho el presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Tahir Elçi.

En abril de 2013, la comisión parlamentaria que investiga el suceso concluyó en su informe que el incidente no fue deliberado, si bien apuntó a varios fallos en el proceso de toma de decisiones sobre el bombardeo.

El documento señaló que un mes antes del bombardeo las autoridades registraron un movimiento "inusual" de "terroristas" --término con el que las autoridades describen a los integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)-- en la región y que existen múltiples informes de seguridad en este sentido.

En este sentido, argumentó que Ankara recibió un total de 30 informes de seguridad sobre el paso de milicianos a través de ese punto de la frontera y sobre la planificación de futuros ataques en territorio turco. Así, subrayó que estos informes pusieron a las fuerzas de seguridad en alerta constante y que provocaron el despliegue de 'drones' (aviones no tripulados) turcos en la zona.

El informe manifestó que uno de los 'drones' recogió imágenes sobre el paso de vehículos, animales y personas acercándose a la frontera, y que los expertos militares que examinaron los datos consideraron que podrían ser terroristas, si bien era imposible identificarles.

Sin embargo, criticó que las imágenes muestran que los integrantes del grupo pararon para hacer varias llamadas en áreas abiertas y recalca que el comportamiento de los mismos no se correspondía con el de un grupo armado planificando un ataque.

Por tanto, concluyó que el incidente fue debido a la falta de coordinación entre los oficiales militares y los civiles presentes en la zona del bombardeo.

PRIMERA VERSIÓN

Tras el incidente, el Ejército turco aseguró que había efectuado un ataque aéreo en la frontera entre Irak y Turquía contra un grupo de milicianos del PKK que intentaba entrar en el país para atentar contra las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las investigaciones posteriores probaron que los fallecidos eran contrabandistas.

Meses después, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, desató la polémica al asegurar que miró personalmente el vídeo grabado por un avión no tripulado ('drone') y que en el mismo "se veía movimiento", pero que "era imposible ver desde esa altura".

"No es una región en la que residen civiles. En esa zona, las Fuerzas Armadas no pueden saber si es Ahmet o Mehmet", dijo, provocando una cascada de críticas y preguntas acerca de los procedimientos de verificación y de la idoneidad de lanzar ataques de ese tipo sin garantía sobre la identidad del objetivo.

Asimismo, Erdogan manifestó que tuvo conocimiento de la operación únicamente una vez hubo finalizado. El Ejecutivo delegó las autorizaciones necesarias al Ejército para que lleve a cabo ataques transfronterizos contra el PKK, por lo que esa operación se llevó a cabo en dicho marco.

"Dimos autorización al Ejército y la usaron. Si no vamos a confiar en nuestro Ejército y nuestra Policía, ¿Cómo vamos a llevar a cabo la lucha contra el terrorismo?", se preguntó.

QUERELLA CRIMINAL

El parlamentario del CHP Mahmut Tanal presentó en mayo de 2012 una querella criminal contra Erdogan; el presidente, Abdulá Gül; y el jefe del Estado Mayor, Necder Özel; por crímenes contra la Humanidad en este bombardeo.

Tanal, miembro de la comisión parlamentaria para los Derechos Humanos, argumentó que el bombardeo fue ejecutado de forma deliberada a pesar de que los oficiales militares eran conscientes de que las personas fotografiadas por un avión no tripulado que sobrevolaba la zona no eran miembros del PKK, sino contrabandistas.

El contrabando es una importante fuente de ingresos en las provincias fronterizas con Irak, en las que muchos habitantes participan en el comercio ilegal de combustible, cigarros u otros productos procedentes de las aldeas fronterizas iraquíes.

"Todas las acciones militares se llevan a cabo en cadena. El jefe del Estado Mayor está al frente de esta cadena y necesita el consentimiento del primer ministro. Por esta razón, el jefe del Estado Mayor y el primer ministro son responsables de la masacre", dijo.

Tanal recordó que la Constitución recoge que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que Gül también es responsable del bombardeo. Asimismo, indicó que los oficiales estadounidenses que dieron la información de Inteligencia que llevó al ataque y los militares y civiles turcos que dieron la orden de ejecutarlo han de ser también investigados y juzgados.

CONTROVERSIA

El diario estadounidense 'The Washington Post' informó en mayo de 2012 que las autoridades estadounidenses notificaron a Turquía de que sus 'drones' habían "identificado hombres y animales" en dicha zona fronteriza. La localización, conocida como una ruta frecuentada por militantes del PKK, hizo que los funcionarios estadounidenses pasaran la información a sus homólogos turcos.

Los 'drones' estadounidenses abandonaron la zona tras enviar los movimientos de la caravana, dejando la opción de atacar en manos de las autoridades turcas, según una investigación interna del Departamento de Defensa. "Los turcos tomaron la decisión. No fue una decisión estadounidense", indicó un funcionario estadounidense.

Sin embargo, el Estado Mayor turco emitió un comunicado para desmentir estas informaciones y aseguró que los primeros datos de Inteligencia relacionados con el incidente fueron tomados por 'drones' turcos. Asimismo, manifestó que la información detallada había sido enviada a los organismos encargados de la investigación del suceso.

En 2007, el Ejecutivo turco firmó un acuerdo con Estados Unidos para compartir información de Inteligencia respecto al PKK, abriendo la puerta a que las fuerzas de seguridad turcas pudieran monitorizar las actividades del grupo a través de fuentes de Inteligencia estadounidense.