El Gobierno de Perú trabaja en una nueva ley forestal tras la derogación de los polémicos decretos

Aráoz explicó en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP) que Perú está en "incumplimiento del TLC" porque la derogación de las dos leyes, referidas al manejo forestal y al uso de tierras en la selva, le "ha quitado herramientas".

El decreto legislativo 1090 fue aprobado el 28 de junio de 2008, como parte de un paquete de leyes propuestas por el Ejecutivo para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El Gobierno sostenía que la referida norma buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.

En tanto, el decreto 1064 establecía que las tierras de uso agrario quedaban sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

La ley 1090 "daba posibilidad de incautar madera que fuera ilegal, hoy no tenemos esa herramienta", puntualizó la ministra.

Aráoz recordó que Perú se comprometió durante las negociaciones previas a la firma del TLC, el año pasado, a adoptar una legislación que protegiera sus bosques de la tala ilegal y la explotación ilegal de la flora y fauna silvestre.

Sin embargo, la derogación de las llamadas "leyes de la selva", planteada por el Gobierno para poner fin a las protestas de las comunidades indígenas amazónicas, ha devuelto al país a la legislación anterior, que EE.UU. consideraba insuficiente para la protección medioambiental.

"Cuando uno incumple una cosa, pasamos a un proceso de consultas. Ahora, un equipo técnico (peruano) está conversando en Estados Unidos con senadores y explicándoles los eventos para sacar una nueva ley forestal que mantenga los compromisos del TLC", informó Aráoz.

La ministra sostiene hoy una reunión de trabajo con el presidente Alan García, en la que se estima que presentará una propuesta, que será expuesta a los líderes indígenas en la mesa de diálogo promovida por el primer ministro, Yehude Simon.

El nuevo paquete legal deberá contar con el voto aprobatorio de las comunidades indígenas para ser promulgado, pues precisamente las normas derogadas no fueron consultadas con éstas.

El embajador de Estados Unidos en Lima, Michael McKinley, declaró ayer que entendía la situación por la que pasó el Gobierno antes de decidir dar marcha atrás con las polémicas leyes, pero insistió en que la meta es "trabajar en base a la protección del medio ambiente y el buen manejo de los recursos forestales".

Agregó que ahora "lo que se está viendo es cómo se van a elaborar las nuevas leyes y ver cómo se cuajan las metas que todos tenemos en común".

"Apoyamos los derechos de las comunidades a ser respetadas, son metas que todos compartimos", dijo el diplomático.

El Ejecutivo publicó hoy la derogación de las "leyes de la selva" y se esperaba que en el transcurso del día se levantaran los bloqueos de carreteras que los indígenas mantenían en algunos puntos del oriente del país.