El Gobierno anuncia la detención de una tercera persona por encubrir a Abarca y facilitar su huída

"Simultáneamente, en otra acción en la misma Delegación, fue detenida Noemí Berumen Rodríguez, quien está siendo relacionada a esta investigación por el delito de encubrimiento", ha detallado Murillo durante una rueda de prensa convocada para informar sobre los detalles de la detención de los presuntos autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes 'normalistas' en el estado de Guerrero.

El funcionario mexicano ha apuntado que estas detenciones son el resultado de trabajos de Inteligencia desplegados por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno y ha añadido que los detenidos han sido puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se les practicaron exámenes médicos.

En estos momentos, los detenidos se encuentran declarando ante el Ministerio Público de la Federación. "Cabe destacar que ambos operativos se llevaron a cabo sin efectuar un solo disparo y en estricta observancia a los procedimientos de salvaguarda de sus Derechos Humanos", ha añadido Murillo, que ha asegurado que las investigaciones "avanzan de manera importante".

El arresto de Abarca y su mujer ha tenido lugar en una vivienda que el matrimonio había alquilado en Iztapalapa, en el Distrito Federal, y durante el operativo no se ha producido ningún enfrentamiento ni intento de fuga, según las fuentes consultadas por 'La Jornada'.

Abarca y su mujer, contra los que había una orden de arresto desde finales de octubre, son considerados los autores intelectuales de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, además de la muerte de otras seis personas en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se produjeron el 26 de septiembre en Iguala.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, ha explicado que la investigación para encontrar a Abarca se inicia después de su renuncia a la alcaldía de Iguala, cotejando los distintos bienes inmuebles con los que contaba la familia, tanto en el estado de Guerrero como en otras entidades del país.

"Se empezó en esa lógica a montar discretas vigilancias y seguimiento a las personas que entraban y salían de los domicilios de los inmuebles identificados, en este seguimiento fue que empezó a cobrar relevancia el nombre de Noemí Berumen Rodríguez", ha indicado Rubido, que añade que finalmente la vigilancia se centro en tres domicilios.

Así, tres grupos de trabajo integrados cada uno por veinte miembros de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público controlaron los objetivos hasta que finalmente, en la madrugada de este martes, "lograron las detenciones referidas".

LOS HECHOS

Según ha determinado la investigación realizada por el Gobierno federal, los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para viajar a la capital el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

Ese mismo día, la esposa del alcalde tenía que presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal e iba a dar una fiesta. Ante el temor de que los estudiantes pudieran alterar la celebración, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los normalistas.

Con apoyo de agentes del municipio de Cocula, los policías abrieron fuego contra los normalistas, matando a seis de ellos y dejando decenas de heridos. Durante los enfrentamientos, procedieron a la detención ilegal de numerosos estudiantes, a los que trasladaron a los límites de Cocula e Iguala, donde los entregaron al grupo criminal 'Guerreros Unidos.

A partir de ahí nada se sabe del paradero de los 43 'normalistas' desaparecidos. Desde entonces, en la zona han aparecido varias fosas comunes, si bien por el momento no se ha confirmado que los restos hallados en ellas correspondan con los de los jóvenes desaparecidos.

Según reveló el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a 'Guerreros Unidos' para tener bajo control Iguala, de los que al menos 600.000 pesos eran usados para control de la policía local.