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El Gobierno reconoce que hay más de 22.000 personas desaparecidas en México

En México hay 22.322 personas no localizadas, de las que sólo 9.790 casos son del periodo de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, según ha informado este viernes la subprocuradora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez.
Benítez ha indicado que 12.532 de estas personas no localizadas figuran en la lista desde el sexenio anterior, que finalizó el 30 de noviembre de 2012 con 26.121 registros y que, después de un proceso de depuración y localización realizado hasta el 31 de julio de 2014, se localizó a 17.175 personas de las cuales 16.274 estaban vivas.
La subprocuradora ha explicado que se considera que una persona está "no localizada" cuando se desconoce su paradero y esto se pone en conocimiento de las autoridades competentes a través de una denuncia, según ha publicado el diario mexicano 'Milenio'.
Benítez ha explicado que la ausencia voluntaria, los problemas domésticos, la privación ilegal de libertad, la migración nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, el fallecimiento o el hecho de ser víctima de otro delito son las principales causas de desaparición.
Las bases de datos con las que opera la PGR se basan en las denuncias radicadas en las procuradurías y fiscalías estatales, así como el contacto con las familias de los desaparecidos, la eliminación de homonimias y duplicaciones de registros por denuncias en varias procuradurías.
Estas cifras contrastan con las proporcionadas ya en mayo por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que explicó que el Gobierno anterior había dejado un registro de 27.000 personas desaparecidas, de las que faltaban por localizar aún 13.000.
Además, indicó que en este sexenio ya se habían recopilado 16.000 denuncias de desapariciones, de las que 8.000 se habían localizado. En total faltaban por localizar, entonces, 21.000 personas.
Estas localizaciones se llevan a cabo realizando búsquedas en las cárceles, albergues y centros de rehabilitación. Además, se investigan los historiales de llamadas y los movimientos bancarios, además de emplear las redes sociales para la colaboración ciudadana.