El Gobierno suspende las actividades de otras dos organizaciones opositoras

El Ministerio de Justicia ha indicado que el motivo de la suspensión de las actividades del Movimiento Justicia y Desarrollo estará en pie durante un periodo de tres meses, plazo en el que "tiene que rectificar su estatus legal para que sea concordante con sus estatutos".

Así, ha argumentado que la formación "ha violado la ley y sus propios estatutos al no celebrar su asamblea general anual en 2012 ni elegir a su asamblea en 2013, a pesar de que el ministerio informó de las violaciones y pidió que fuera corregidas".

La otra formación afectada es la Sociedad de Acción Nacional Democrática (Waad), que estará suspendida durante tres meses "hasta que elija a un nuevo secretario general".

El martes, Al Wefaq --el principal partido del país--, protestó contra la decisión del Gobierno y recalcó que cumple con sus estatutos. Asimismo, subrayó que no ha recibido notificación oficial alguna sobre la solicitud del Ministerio de Justicia a la Judicatura para que suspenda sus actividades por considerar que opera sin transparencia y bajo la ilegalidad.

El ministerio cita como motivo específico que Al Wefaq ha violado sus propios estatutos al anular las últimas cuatro asambleas generales por falta de quórum y de la transparencia necesarias para su celebración.

El lunes, la organización no gubernamental Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) expresó su "grave preocupación" por la solicitud del Gobierno y recalcó que, "independientemente de las excusas planteadas, la sociedad está siendo atacada por su postura de oposición y a consecuencia de su reunión con el vicesecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowski".

Malinowski, que fue declarado persona non grata y expulsado del país por reunirse con varios altos cargos de Al Wefaq, criticó poco después a las autoridades de Bahréin. "Parece que la decisión de Bahréin no es sobre mí, sino para minar el diálogo. Los que están comprometidos con la reconciliación no deben ser disuadidos", dijo.

"La demanda es otra muestra de los intentos del régimen de intentar silenciar a las voces opositores en Bahréin a través de leyes que han sido creadas para restringir las libertades fundamentales", agregó el BCHR.

CONTEXTO POLÍTICO

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.