HRW pide a la comunidad internacional que se ejerza presión para que Caracas revoque el estado de excepción

En un comunicado recogido por 125 organizaciones de Derechos Humanos, HRW explica que las firmantes creen que estos poderes podrían usarse para "perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos".

Asimismo, han tildado estas medidas de "incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos".

En este sentido, han afirmado que este decreto "no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia", ya que se excede de la limitación temporal que se puede aplicar a este tipo de medidas.

Así, todas estas organizaciones han instado a la comunidad internacional a plantear estas consideraciones durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebra este mismo mes, y a los Gobiernos latinoamericanos, en concreto, a realizar una evaluación "seria" de la situación en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"La sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario", han afirmado.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EN PELIGRO

En su comunicado, HRW recoge las críticas de las organizaciones firmantes en relación a la suspensión de los convenios de cooperación internacional que prevean financiación procedente del extranjero cuando se presuponga que su uso tiene "fines políticos" o "desestabilización" del país.

"En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor", han criticado.

El pasado 13 de mayo, el presidente, Nicolás Maduro, aprobó la extensión del decreto de emergencia con el objetivo de "derrotar el golpe de Estado, la guerra económica" que, según sostiene, vive Venezuela, y "estabilizar socialmente a nuestro país para enfrentar todas las amenazas nacionales e internacionales que hay contra nuestra patria en este momento", según las declaraciones recogidas por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Así, apeló que extender la emergencia económica, que había expirado días antes después de haber sido extendida durante 60 días adicionales, le permitiría "afinar la estrategia de defensa ante los constantes planes que se gestan desde la Asamblea Nacional de mayoría de derecha que buscan interrumpir el hilo constitucional y democrático de la nación".