HRW denuncia las duras sentencias dictadas en Egipto basándose solo en el testimonio de un policía

"El Gobierno no ha presentado más pruebas de comportamiento delictivo que el testimonio de un agente de la Policía", denuncia HRW en un informe publicado este domingo referente a las condenas publicadas el pasado 11 de abril. Los acusados están condenados por delitos relacionados con las protestas contra el golpe de Estado militar que derrocó en julio de 2013 al presidente Mohamed Mursi.

En concreto, se recoge la declaración de un comandante que asegura que los acusados estaban preparando acciones violentas para derrocar al Gobierno. Badie y sus colaboradores, según este testimonio, iban a difundir noticias falsas sobre abusos policiales para generar el caos en todo el país para después hacer un llamamiento a enfrentarse a la Policía en las calles y a movilizarse masivamente ante los edificios oficiales para finalmente formar su propio gobierno.

En el proceso, se atribuyó a los imputados delitos tales como publicación de noticias falsas o conspiración para derrocar al nuevo gobierno instaurado tras la asonada. Sin embargo, la revisión de los documentos publicados por parte de HRW revela que apenas hay pruebas incriminatorias y apenas se demuestra que los acusados difundieron información sobre la pacífica concentración contra el golpe de Estado en la plaza de Rabaa al Adawiya cairota.

La acampada fue desalojada violentamente por las fuerzas de seguridad, que mataron a más de 800 personas, la mayoría simpatizantes pacíficos de Hermanos Musulmanes. "Estas muertes suponen probablemente un crimen contra la Humanidad por el que no se ha investigado ni procesado a ninguna autoridad pública", recuerda HRW.

"El hecho de que la gente que cubrió y publicó informaciones sobre la matanza de 2013 pueda ir a prisión de por vida o ser ejecutado mientras los asesinos se pasean da una idea de la abyecta politización a la que está sometida la justicia en Egipto", afirma el subdirector para Oriente Próximo y el norte de África de HRW, Joe Stork.

"Defender pacíficamente una opinión política o hacer tu trabajo como periodista nunca debería ser un delito", ha argumentado Stork. "Este juicio parece simplemente un intento del Gobierno egipcio de silenciar a la oposición", ha añadido.

Entre los acusados hay diez periodistas y siete personas que trabajaban como portavoces de Hermanos Musulmanes o para medios de comunicación controlados por los islamistas.

Uno de ellos es el ciudadano egipcio-estadounidense Mohamed Soltan, sentenciado a cadena perpetua y en huelga de hambre desde el 26 de enero de 2014. Soltan es hijo de uno de los hombres fuertes de Hermanos Musulmanes, el empresario Saad el Shater. Fuentes de la familia han alertado de un deterioro alarmante de la salud de Soltan, con varios ataques al corazón y pérdidas recurrentes del conocimiento. Soltan trabajaba como voluntario para cubrir las noticias de la concentración de Rabaa al Adawiya.

Tras conocerse las sentencias, Estados Unidos expresó su condena y exigió la liberación inmediata de Soltan. Sin embargo, apenas unos días antes, el 31 de marzo, el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció tras una conversación telefónica con el presidente egipcio, el golpista Abdelfatá al Sisi, la entrega de cazas F-16, de carros de combate M1A1 Abrams y de misiles Harpoon, paralizada tras el golpe de Estado contra Mursi.

Otro periodista, Walid Abd al Rauf Shalabi, ha sido condenado a muerte pese a que simplemente se ha demostrado que escribía para el periódico del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes.

"Las autoridades deben anular las condenas a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que fueron sentenciados por informar o ejercer su derecho a la libertad de expresión", sostiene HRW, que apela a las autoridades a repetir el juicio con pruebas sólidas si realmente creen que los acusados iban a ejercer o fomentar la violencia. Este nuevo proceso debe ajustarse a los criterios internacionales.

HRW recuerda además que desde 2013 se han abierto más de una docena de juicios contra miembros de los Hermanos Musulmanes y opositores al nuevo régimen liderado por Al Sisi. El 4 de febrero 230 activistas y manifestantes fueron condenados a cadena perpetua y el 2 de febrero se confrimaron 183 penas de muerte por un ataque a una comisaría.