HRW condena las pruebas de virginidad a las víctimas de abusos sexuales en Afganistán

"No volveré a informar nunca de un caso así" ha contado a HRW una matrona que trabaja en una zona rural de Afganistán y a la que la ONG ha identificado con el seudónimo de Farida. Al ser la única mujer con formación médica en 80 kilómetros a la redonda, una familia contactó con ella hace seis meses para pedir ayuda.

Le contaron sus hijas, de seis y siete años, se quejaban de dolores abdominales. Al examinarlas, Farida constató que las menores tenían heridas que encajaban con un caso de abuso sexual y decidió informar a la oficina de la Fiscalía en su distrito.

Durante los dos meses siguientes, las niñas fueron citadas hasta en tres ocasiones para ser sometidas a pruebas de virginidad, unos procedimientos invasivos con los que se pretende comprobar si la mujer ha tenido relaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) repudia este tipo de prácticas, que pueden constituir en sí mismas un abuso sexual.

De hecho, las dos niñas imploraron no ser sometidas a las pruebas la tercera vez en que fueron llevadas por sus padres a la clínica, según un comunicado de HRW.

El agresor, un adolescente de 17 años, fue condenado por las violaciones, pero dado que las pruebas de virginidad no confirmaron la penetración, el juez amenazó a Farida con condenarla por denuncia falsa. "Te perdono esta vez porque eres mujer, pero ten cuidado en el futuro", le advirtió.

Farida ha explicado que en todo momento siguió el protocolo establecido para este tipo de casos y ha asegurado que ahora teme la estigmatización de su propia comunidad, que considera que la matrona ha deshonrado a todo el pueblo por denunciar el caso.

HRW ha lamentado que este tipo de presiones lleva a que, en esta misma zona, no se lleguen a denunciar futuras violaciones. También ha alertado de que las víctimas "estarán calladas" y no acudirán a las autoridades si temen sufrir los abusos que suponen las pruebas de virginidad.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán reclamó en 2016 el cese de este tipo de exámenes médicos y, según el Gobierno, ya han sido abolidos formalmente. Sin embargo, fuentes consultadas por HRW han confirmado que sigue siendo una práctica extendida y jueces, fiscales y policías han admitido que las ordenan de forma rutinaria.