1.250 miembros de Hermanos Musulmanes, 700 policías y 550 civiles han muerto desde el derrocamiento de Mursi

En concreto, se trata de 1.250 miembros de Hermanos Musulmanes, 700 efectivos de las fuerzas del orden y 550 civiles, de acuerdo con este informe, que realiza un análisis sobre las víctimas de la violencia, las condiciones de los detenidos y las leyes relacionadas con las protestas.

Las autoridades egipcias han llevado a cabo una "ofensiva feroz" contra los islamistas desde el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi en julio de 2013, después de una serie de protestas masivas contra su gobierno.

Después de derrocar a Mursi, el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatá al Sisi, procedió a reprimir a Hermanos Musulmanes, argumentando que forman parte de una red terrorista que plantea una amenaza existencial al mundo árabe y occidental.

Durante casi dos años las autoridades egipcias han estado luchando contra algunos grupos islamistas de línea dura, incluyendo un afiliado del Estado Islámico en la conflictiva región del Sinaí del Norte, así como otros grupos radicales que han llevado a cabo ataques violentos contra las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el país.

El CNDH, en el citado informe, también denuncia que las organizaciones de Derechos Humanos estiman que entre 80 y 98 personas murieron en las comisarías o en prisiones. Sin embargo, el Ministerio del Interior egipcio sólo admitió la muerte de 36 detenidos.

"Es cierto que no hay nada que demuestre que cualquiera de ellos murió a causa de la tortura, pero tampoco hay nada que demuestre lo contrario", añade el informe, que atribuye la muerte de los detenidos a "pobres condiciones de vida y de salud", así como al hacinamiento en los centros de detención temporal en las comisarías y prisiones.

Por último, el texto --publicado por el diario local 'Al Ahram'-- pide una modificación de la llamada 'ley de protesta', aprobada en noviembre de 2013, que obliga a un período de notificación previa de tres días a las autoridades antes de las protestas, y castiga a cualquier persona que no obtenga dicho permiso con hasta tres años de prisión.