La Justicia de EEUU continuará "litigando" en el caso de las 'ciudades santuario'

En un comunicado, Sessions ha señalado que "el pueblo estadounidense exige un sistema legal migratorio" que el Congreso ha establecido, y ha subrayado que si bien existe cierto disenso "sobre si la entrada ilegal" en Estados Unidos es delito, las leyes aprobadas por el Gobierno de Trump "responden a esta cuestión".

"No obstante, las acciones que siempre se ha entendido que corresponden a los poderes del presidente, independiente de la Administración a la que pertenezca, han sido ahora conminadas", ha indicado en el texto, recogido por el diario 'The Washington Post'.

Así, ha reiterado que "el Departamento de Justicia no puede aceptar este resultado", por lo que "como ya ha dejado claro el presidente", continuará "los litigios en este caso para reivindicar el estado de derecho".

En la víspera, la Casa Blanca ya calificó la decisión del juez de "atroz extralimitación". Sessions ha insistido, por otro lado, en que no cabe duda de que el "interés nacional" también requiere "que los extranjeros sean deportados".

Para defender su postura, el fiscal general ha recordado los datos extraídos de un informe de la oficina de Estadísticas de Justicia, que muestran que "el 42 por ciento de los acusados imputados en un tribunal de distrito federal eran no estadounidenses".

"Y según la comisión de Sentencias de Estados Unidos en 2013 el 48 por ciento de los deportados que habían sido condenados por entrar de forma ilegal en el país también habían sido condenados por algún delito no relacionado con la migración", ha concluido su comunicado.

El martes, la Casa Blanca aseguró en un comunicado que el "Estado de derecho" había sufrido "un nuevo revés, al haber reescrito de forma unilateral un juez no elegido la política migratoria de nuestro país".

Washington hace referencia así al requerimiento impuesto a nivel nacional por el tribunal de Distrito de San Francisco William H. Orrick contra la orden del presidente firmada el pasado mes de enero en la que lanza esta amenaza a las 'jurisdicciones santuario', las que considera que "violan totalmente las leyes federales en un intento de proteger a los extranjeros de ser expulsados de Estados Unidos".

"La Legislación federal dice explícitamente que cualquier funcionario o entidad local, estatal o federal no puede prohibir ni restringir de ningún modo que cualquier entidad u oficial del Gobierno envíe o reciba información sobre Inmigración con respecto a la ciudadanía o estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier individuo", señaló la Casa Blanca en el texto.

Esto significa, ha continuado, que "una ciudad que prohíbe a sus funcionarios ofrecer información a las autoridades migratorias federales está violando la ley". "Y las 'ciudades santuario', como San Francisco", que "bloquean" el acceso a las prisiones para que las autoridades federales no lleven a cabo la deportación de "extranjeros delincuentes", están "comprometidas con una anulación peligrosa e ilegal de la legislación federal en un intento por eliminar" las fronteras.

"Una vez más, un solo juez de distrito --en este caso, en San Francisco-- ha ignorado la política migratoria federal para establecer una nueva política migratoria para todo el país", criticó Washington, que ha acusado a San Francisco y al resto de ciudades "como ella" de poner el bienestar de los "delincuentes extranjeros" por delante de la seguridad de los estadounidenses.

"Y los funcionarios de esas ciudades tienen las manos manchadas de sangre de estadounidenses", señaló. La Casa Blanca calificó de "erróneo" el fallo del juez, indicando que sirve como "regalo para las bandas criminales y los miembros de los cárteles" dentro del país.

"Este caso es un ejemplo más de la atroz extramilitación de un único juez de distrito, que no ha sido elegido", aseveró, antes de agregar que se trata de una orden que "socava la fe" en el sistema legal estadounidense. "Pero confiamos en que en última instancia prevalecerá el Tribunal Supremo, como esperamos que ocurra con nuestros esfuerzos por imponer las restricciones migratorias necesarias para mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos", señaló.

Por último, la Casa Blanca ya adelantó que perseguirá todos "los remedios legales" contra la "amenaza" de las denominadas 'ciudades santuario', que "ponen en peligro" a los ciudadanos.

TEXTO "VAGO" Y "AMPLIO"

En un documento de 49 páginas, recogido por el diario 'The Washington Post', el juez de San Francisco ha señalado que el texto del presidente es "vago" y "amplio" y ha subrayado incluso las discrepancias que existen dentro de los miembros del Gobierno de Trump sobre la interpretación de esta norma.

Según el magistrado, la ciudad de San Francisco y el Condado de Santa Clara, jurisdicciones que han presentado sendas demandas contra esta legislación, tienen mucha facilidad para ganar en sus querellas contra la orden ejecutiva.

Las denominadas 'ciudades santuario' son aquellas que, en contra de lo que indican las leyes federales, ofrecen ayuda a los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en el país en un intento por evitar su deportación.

"Muchas de estas jurisdicciones se están desmoronando bajo el peso de la inmigración ilegal y los crímenes violentos", indicó la semana pasada en un comunicado el Departamento de Justicia, reiterando la amenaza de Trump.