Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La 'Ley de repatriación' levanta ampollas entre los países latinoamericanos

El texto aprobado el pasado miércoles prevé internar a los 'sin papeles' por un tiempo máximo de hasta 18 meses. Además,se establece un periodo de retorno voluntario de entre 7 a 30 días y se prohíbe el regreso para los expulsados, por un periodo de hasta cinco años. En el caso de los menores que no estén acompañados, contempla la opción de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones.

La norma comunitaria, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la UE, entrará en vigor en dos años. Pero las reacciones no se hicieron esperar.

Respuesta de Latinoamérica

Quizá la reacción más severa fue la de Venezuela, que más bien amenazó al saber de la nueva normativa. El presidente, Hugo Chávez, dijo que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten esa medida.

Aunque el resto de los países de Latinoamérica no se quedaron atrás y todos ellos mostraron su repulsa al calificar de "vergonzosa" la ley que, a su juicio, viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.
Reacción "desenfocada"

En un principio la Unión decidió hacer oídos sordos a las críticas vertidas desde Latinoamérica sobre la normativa aprobada. Pero, más adelante, excusaron esta actitud en el desconocimiento de esos países.

La propia secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, salió al paso y atribuyó el 'descontento' a un problema de "desenfoque". Y es que según Rumí "se han dicho cosas que ni siquiera aparecen en la directiva". Los lugares de internamiento, uno de los puntos más conflictivos de esta ley, "no son cárceles", matizaba, y en ellos se garantiza un trato acorde a los derechos humanos.

La ley "no es aplicable a España"

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la nueva 'Directiva de Retorno' "no afecta a la legislación española", por lo que no se hará ninguna trasposición que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes.

A su juicio, España cuenta con una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", incluidos aquellos que se encuentran en una situación irregular.

Pese a todo, la ley ya está en marcha y en apenas dos años todos aquellos que no tengan papeles dentro de la Unión tendrán que someterse a ella. Veremos entonces cómo reaccionan los países de origen.