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Marruecos dice que la resolución sobre el mandato de la MINURSO "confirma la línea usada en los últimos años"

El Gobierno de Marruecos ha aplaudido este martes la extensión del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y ha sostenido que su mandato "confirma la línea de actuación de los últimos años sobre esta cuestión".
El Ministerio de Exteriores marroquí ha resaltado que el Consejo de Seguridad "ha reiterado su respaldo al proceso de facilitación actual y se ha desmarcado claramente de las recomendaciones peligrosas, las insinuaciones provocativas, los acercamientos parciales y las opciones peligrosas contenidas en el último informe del secretario general de la ONU (Ban Ki Moon)".
En su comunicado, ha destacado que el rey Mohamed VI ha indicado durante una conversación telefónica con Ban "la necesidad de preservar los parámetros de la negociación tal y como están definidos por el Consejo de Seguridad y salvaguardar el modelo actual de implicación de la ONU", según ha informado la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.
En este sentido, el ministerio ha dicho que la resolución "valida la pertinencia del enfoque adoptado por Marruecos en el marco de su proceso de reforma nacional en todo su territorio, incluyendo las provincias del sur", en referencia a los territorios ocupados de Sáhara Occidental.
"Es en este contexto específico y sobre esta base única sobre la que Marruecos seguirá cooperando y participando en el proceso de la ONU para alcanzar una solución política duradera a este conflicto regional, en el marco de la soberanía marroquí", ha remachado.
Uno de los aspectos más espinosos de la renovación del mandato de la MINURSO ha sido precisamente la exclusión de la misión de observación sobre la situación de Derechos Humanos en el territorio.
Ban y grupos de activistas han abogado públicamente por que la MINURSO asuma esta labor de observación pero Marruecos y Francia --con derecho de veto en el Consejo de Seguridad-- rechazan la idea. El Frente Polisario, que controla la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), también reivindica una ampliación de las competencias de la misión.
El año pasado, Estados Unidos llegó a proponer el envío de observadores, pero el malestar marroquí terminó surtiendo efecto y finalmente este extremo se cayó del texto aprobado. En esta ocasión, las deliberaciones apenas han acarreado polémica y finalmente el texto de prórroga de la MINURSO ha salido adelante por unanimidad.
SITUACIÓN DE LOS DDHH
La resolución sí subraya, no obstante, "la importancia de mejorar la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf", donde viven miles de refugiados. Además, insta a las partes a "trabajar con la comunidad internacional para desarrollar y aplicar medidas independientes y creíbles que garanticen el pleno respeto de los Derechos Humanos".
Tras la votación, el representante del Polisario, Ahmed Bujari, ha lamentado que la MINURSO sea "la única misión de paz de la ONU establecida desde 1978 que no tiene mandato para observar e informar de la situación de Derechos Humanos sobre el terreno".
El embajador de Marruecos, sin embargo, ha desmentido a Bujari y ha asegurado que también hay otras fuerzas de paz que no asumen competencias de este tipo.
La situación del Sáhara Occidental se enmarca en un conflicto territorial que lleva años estancado. Rabat insiste en su derecho soberano sobre la antigua colonia española y únicamente completa una autonomía limitada, mientras que el Polisario defiende el derecho a la independencia.
El conflicto se retrotrae a 1975, cuando España se retiró de su hasta entonces colonia y comenzó la resistencia armada del Frente Polisario para conseguir la independencia del territorio ante la ocupación mauritana y marroquí tras la firma de los Acuerdos Tripartidos de Madrid.
Estos acuerdos, firmados el 14 de noviembre de 1975 entre España, Mauritania y Marruecos, estipulan la transferencia de la administración de Sáhara Occidental a dichos países, si bien la legalidad del texto fue cuestionada por la ONU, que considera que el territorio sigue pendiente de descolonización.