México decreta la alerta de género en once municipios del estado de México

Los municipios afectados por la alerta son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco, según ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.

En estos once municipios se concentra cerca del 55 por ciento de la violencia y los delitos contra las mujeres en el estado de México. Las medidas a aplicar están relacionadas con la prevención, la seguridad y la justicia.

La alerta de género es un mecanismo legal creado en 2007 que permite liberar recursos para combatir el problema, pero en muchas entidades las autoridades locales se resistían a aplicarla para no reconocer el problema, según han asegurado grupos feministas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, los asesinatos de mujeres se dispararon un 155 por ciento entre 2007 y 2012, cuando se produjeron 2.764 casos. El Observatorio Nacional contra el Feminicidio --una organización privada-- calcula que entre 2012 y 2013 casi 3.900 mujeres fueron asesinadas en todo México, pero solo el 16 por ciento de los casos están siendo investigados como feminicidios.

SENTENCIAS POR FEMINICIDIO

Este mismo martes, una fiscalía del estado de Chihuahua, en el norte del país, ha aprobado una sentencia histórica contra cinco hombres, condenados cada uno a 697 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de mujeres a las que explotaban como prostitutas y traficantes de droga.

"Bajo engaños, reclutaban a las jóvenes para prostituirlas y usarlas como distribuidoras de droga. Cuando ya no fueron 'útiles', las privaron de la vida y arrojaron sus cuerpos en el arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez", ha explicado la Fiscalía, que considera a los cinco acusados responsables de once muertes en 2012.

Las autoridades han confirmado así una sentencia histórica en un estado donde los asesinatos de mujeres se cuentan por cientos en las últimas dos décadas. La condena, la primera de este tipo en todo el país, se ha basado en pruebas científicas que implican directamente a los acusados, que también deberán pagar nueve millones de pesos (unos 500.000 euros) a las familias de sus víctimas.

En marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México ordenó por primera vez investigar como feminicidio un caso calificado previamente por la Fiscalía del Estado de México como suicidio. El alto tribunal consideró que el informe inicial estaba plagado de anomalías.