Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ONG denuncian una "campaña de difamación" contra los investigadores del caso Iguala

Varias ONG han denunciado este viernes una "campaña de difamación" contra los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) en el municipio mexicano de Iguala.
"Hay una campaña de difamación que está ganando cobertura en la prensa mexicana contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, a través de un acuerdo entre el Gobierno, la CIDH y los representantes legales de las familias de los jóvenes, provee una asistencia técnica crucial en la investigación de la desaparición forzada", han dicho en un comunicado conjunto.
Las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por "el silencio" del Gobierno frente a esta "campaña de difamación". "Instamos al Gobierno a que dé a conocer la importancia del trabajo del GIEI y haga su mayor esfuerzo para determinar dónde están los estudiantes", han reclamado.
A este respecto, han recordado que "el tiempo es crucial", dado que el mandato del GIEI está a punto de expirar, si bien han considerado que "esta campaña de difamación demuestra que está cerca de encontrar la verdad sobre lo que les pasó a los estudiantes".
"Una de las contribuciones más importantes del GIEI en este caso ha sido desmontar científicamente la teoría inicial del Gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula", han destacado las ONG.
Con ello, ha abierto una nueva línea de investigación que obliga al Gobierno a "avanzar más allá del basurero de Cocula" investigando, por ejemplo, "el uso de los autobuses en Iguala para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos como posible motivo del ataque".
"El Gobierno también debe encontrar una solución para permitir al GIEI que esté presente durante los interrogatorios de las autoridades mexicanas a los soldados en Iguala, muchos de los cuales estuvieron presentes durante el ataque", han insistido.
El Ejecutivo de Enrique Peña Nieto "tiene una importante oportunidad de demostrar su compromiso con los Derechos Humanos", han apuntado. "Si fracasa demostrará que, una vez más, en México prevalece la impunidad", han subrayado.
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza estudiantil, la de Tlatelolco.
Según la versión oficial, ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron al grupo de sicarios de Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la treintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.