Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Policías y militares, entre los 47 miembros de una red que practicaba abortos ilegales en Río de Janeiro

Un total de 47 personas han sido detenidas por la Policía Civil por integrar una red que practicaba abortos en clínicas clandestinas en el estado de Río de Janeiro. Entre los detenidos hay diez médicos, ocho policías civiles, cuatro policías militares, tres abogados, un falso médico, un bombero y un militar del Ejército.
La Policía Civil ha puesto en marcha este martes la 'Operación Herodes', que en total debe cumplir 75 mandatos de prisión y otros 118 de busca y captura, según ha ordenado el juez. Entre los detenidos está uno de los presuntos jefes de la trama, el médico Aloíso Soares Guimarães, según informa la prensa local.
La red actuaba en Río y en su área metropolitana, pero atendía a mujeres embarazadas de todo Brasil. Practicaban abortos a cambio de hasta 7.500 reales (3.128 dólares), dependiendo de la fase del embarazo. Lo hacían siempre en locales sin las condiciones mínimas de higiene y salubridad, poniendo en peligro la integridad física y la salud de las mujeres, según ha informado la Policía Civil en un comunicado.
La desarticulación de esta red se produce semanas después de la muerte de dos jóvenes embarazadas, cuyas historias pusieron de relieve ante la opinión pública el problema del aborto en Brasil. El 26 de agosto la auxiliar administrativa Jandira Magdalena dos Santosa Cruz, de 27 años y embarazada de tres meses, salió de su casa para abortar en una clínica clandestina en Campo Grande, en la zona oeste de Río.
Desapareció sin dejar rastro, pero su cuerpo fue encontrado días más tarde carbonizado dentro de un coche. Los presuntos asesinos le retiraron la dentadura y le cortaron los dedos para dificultar su identificación, por lo que fue necesario hacer un examen de ADN.
Un mes más tarde, el 21 de septiembre, el ama de casa Elisângela Barbosa, de 32 años, murió desangrada en un hospital de Niterói, en el área metropolitana de Río. El día antes intentó interrumpir un embarazo de cinco meses en una clínica clandestina -por el que pagó 2.800 reales (1.167 dólares). Los médicos que la atendieron de urgencia encontraron un tubo de plástico en su útero.
Aunque estas dos muertes causaron un notable impacto en la opinión pública la reforma de la ley del aborto sigue siendo un tema tabú en Brasil, más si cabe en plena campaña electoral. En la actualidad, el aborto sólo está permitido tres supuestos: violación, riesgo para la vida de la madre o anencefalia en el feto --ausencia parcial o total de cerebro--.