La Procuraduría sugiere que Santos podría haber adoptado "medidas protectoras de terroristas"

En una carta de cuatro páginas, Ordoñez ha contestado a las declaraciones de Santos, que ha calificado de "improcedente" el cuestionario que le ha remitido la Procuraduría General sobre los viajes del jefe guerrillero a la capital cubana, por considerar que atañe a un tema de competencia exclusiva del presidente.

"Estoy en el deber de recordarle, respetuosamente, que una cosa es el contenido de un acuerdo de paz, que la Corte Constitucional califica de 'decisiones de alta política reservadas al fuero presidencial', y otra muy diferente la obligación ineludible que tiene el Gobierno de sujetarse a lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, sobre los parámetros que debe observar en un proceso de paz", ha dicho Ordoñez.

El procurador general ha recordado "que ese ordenamiento jurídico no consagra inmunidad para los funcionarios que participan en un proceso de paz y, por tanto, no les otorga licencia para no ajustar sus actuaciones estrictamente a las normas legales".

A este respecto, ha explicado que "solo por excepción y exclusivamente con miras al objetivo de la paz, el legislador señaló un único evento en el cual puede el Estado renunciar temporalmente a la persecución de un delincuente de las características de 'Timochenko'".

Para ello debe tratarse de un miembro del equipo negociador del grupo armado en cuestión, en este caso las FARC, y "que las autoridades judiciales correspondientes suspendan las órdenes de captura que se hayan dictado en su contra".

"Solo cuando confluyen tales requisitos es posible que el Estado no sólo deje de perseguir temporalmente a un cabecilla de las FARC, sino que la ley lo faculta y obliga a garantizar su seguridad e integridad", ha indicado.

Ordoñez ha advertido de que "obviar los requisitos que la ley deja al Estado como protector de un criminal o hace que los esfuerzos desplegados con otros países, con el propósito de trasladar a un miembro de las FARC a Cuba y garantizar su seguridad, se conviertan en actividades contrarias al Derecho que pueden calificarse de medidas protectoras de terroristas".

Por lo que, si no se acredita que 'Timochenko' forma parte del equipo negociador de las FARC o si no se suspenden las órdenes de captura en su contra "autorizar viajes a cualquier país de un miembro de la guerrilla constituiría una renuncia a la persecución y aprehensión de un criminal".

"Además, de que en la práctica, se le termina otorgando un estatus de protección a un individuo que está en la cúspide de una organización que continúa masacrando soldados y policías, atacando a la población civil, reclutando niños, derivando riqueza de la minería ilegal y el narcotráfico y perpetrando los más graves crímenes contra la humanidad", ha añadido.

Ordoñez también ha apuntado que "el mantenimiento de una orden de captura comprometería la transparencia de la relación de Colombia con Interpol", que "se enfrentaría a una absurda paradoja: mientras persigue un delincuente con circular roja, el Gobierno gestiona su traslado a otro país y su protección".