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La Procuraduría advierte al TPI de que el acuerdo con las FARC lleva a la repetición de "crímenes atroces"

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha enviado una carta al Tribunal Penal Internacional (TPI) para advertir a La Haya de que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podría llevar a la repetición de "crímenes atroces".
Ordóñez se ha dirigido a la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, para "exponer las razones jurídicas por las cuales el acuerdo en materia de justicia anunciado por el Gobierno y las FARC es un pacto de impunidad que no cumple con las exigencias establecidas por el Estatuto de Roma".
El objetivo de Ordóñez, según ha explicado la Procuraduría General, es ayudar al TPI en su examen preliminar de los acuerdos de paz en Colombia de cara a una "eventual activación" de su competencia subsidiaria para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
"Lo pactado entre el Gobierno colombiano y las FARC establece un complejo entramado de organismos y de procedimientos que lo que buscan en realidad es sustraer de la responsabilidad penal, específicamente del cumplimiento de una pena de reclusión a agentes del Estado y a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan perpetrado crímenes de competencia del TPI", ha dicho Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público ha considerado que, "en el caso de que se adopte e implemente una jurisdicción especial que sustituya las sentencias que fijan condenas de prisión por crímenes internacionales por nuevas sentencias que ordenen como sanción trabajo comunitario a través de 'actividades, trabajos u obras', se invalidará el carácter genuino del procedimiento judicial y se podrá activar la competencia del TPI".
"Lo convenido concreta la falta de voluntad del Estado y su incapacidad para proceder de manera auténtica en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción, teniendo en cuenta que el vicio sobre una de tales etapas, en este caso puntual la sanción, afecta integralmente la autenticidad del procedimiento judicial", ha afirmado.
Así, para Ordóñez "el acuerdo estimula la repetición de los crímenes atroces en Colombia y el surgimiento de nuevas víctimas, al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la certeza de no ser objeto de penas de reclusión y garantizarles la impunidad por sus crímenes pasados, presentes y futuros".
"El acuerdo de justicia en su conjunto no contribuye a impedir la impunidad y constituye un antecedente que la promueve frente a la solución de conflictos armados internos", de modo que "no es consistente con el objetivo del Estatuto de Roma", tratado constitutivo del TPI.
"Sería nefasto para la justicia penal internacional que con la excusa de un proceso de paz se estableciera en el mundo el precedente de que los responsables de crímenes internacionales no fueran objeto de procesos judiciales genuinos que incluyen necesariamente una pena adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos", ha zanjado.
JUSTICIA TRANSICIONAL
El acuerdo que suscribieron el 15 de diciembre en La Habana por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.
El Tribunal Especial para la Paz estará formado por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, a donde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.
Una primera vía, la "restaurativa", servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos. Las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal", según explicó a Europa Press Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC.
La opción intermedia es la de las penas alternativas a la cárcel para "quienes se sumen tardíamente" a la vía restaurativa. "Aquí sí habrá privaciones de derechos y libertades", de entre cinco y ocho años que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos".
La tercera vía será para aquellos que se declaren inocentes. En estos casos habrá un juicio contradictorio --como en la jurisdicción ordinaria-- y, si se demuestra su culpabilidad, enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel.