La Procuraduría ordena la apertura de un nuevo pliego de cargos contra Córdoba por sus vínculos con las FARC

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha ordenado abrir un segundo pliego de cargos contra la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras hallar nuevas pruebas en los ordenadores del ex jefe militar de la guerrilla, Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Mono Jojoy'.

La ampliación de los cargos se sustenta en la información contenida en algunos de los dispositivos electrónicos que se encontraron durante el registro del campamento del 'Mono Jojoy', que falleció en el marco de la 'Operación Sodoma', desarrollada el 23 de septiembre de 2010 en el departamento de Meta (centro).

Al parecer, en estos documentos el nombre de la ex legisladora se menciona en varias ocasiones, lo que valdría para acusarla al menos de una falta disciplinaria por mantener contactos no autorizados por el Gobierno con la guerrilla.

Por su parte, María Ximena Castilla, abogada de Córdoba, ha calificado de "exabrupto jurídico" la apertura de este nuevo pliego de cargos, al tiempo que ha considerado que es parte de la campaña personal que Ordóñez lleva a cabo contra su cliente.

"Del procurador general se puede esperar cualquier cosa porque su único ánimo es perjudicara a la ex senadora Piedad Córdoba, pese a que hemos insistido en que no tiene competencia para investigarla", ha dicho Castilla, en declaraciones recogidas por RCN Radio.

El pasado mes de octubre, Ordóñez ordenó la destitución e inhabilitación de Córdoba por su supuesta relación con las FARC, basándose en los documentos encontrados en los ordenadores decomisados en el campamento donde murió el 'ex número dos' de esa guerrilla 'Raúl Reyes' en marzo de 2008.

Entonces, la Corte Suprema cerró la puerta a un posible proceso contra la ex senadora al considerar que se rompió la cadena de custodia de los documentos encontrados en el campamento de 'Raúl Reyes'. Si bien, el Consejo de Estado ha ratificado recientemente la sanción impuesta por Ordóñez.

Hasta el momento, Córdoba ha servido de mediadora de las FARC para la liberación de 19 políticos y uniformados --policías y militares-- que han sido puestos en libertad en diferentes operativos humanitarios realizados desde 2008, algunos de ellos con el apoyo del presidente venezolano, Hugo Chávez.