Responsables de grupos guerrilleros serán juzgados por crímenes de lesa Humanidad que dejaron 4.500 víctimas

Se trata de Elda Neyis Mosquera García, alias 'Karina'; Eli Mejía Mendoza, alias 'Martín Sombra', y Olimpo de Jesús Sánchez Caro, según ha informado la Fiscalía General de la Nación, que ha indicado que las audiencias se iniciarán el 3 de diciembre de este año.

Por lo que respecta a 'Karina', deberá responder por las 2.500 víctimas resultado de su actividad delictiva. Para la desmovilizada del Frente 47 del Bloque Noroccidental de las FARC o Bloque José María Córdoba, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, entre otros hechos, por sus incursiones en los municipios de Tierra Alta y Valencia en Córdoba y en Juradó, Riosucio y Cármen de Bajira en el Chocó, así como también en los municipios de Samaná, Pensilvania, Marulanda, Aguada, Pacora, Salamina y Manzanares en el departamento de Caldas.

Por su parte a Eli Mejía Mendoza, conocido como el 'Carcelero de las FARC', se le imputarán las tomas armadas a las poblaciones de Mitú (Vaupés), Miraflores (Guaviare), Puerto Rico y La Uribe (Meta) y el Billar (Caquetá) ocurridas entre los años 1998 y 1999 con 1500 víctimas directas e indirectas.

Entre los hechos imputados a 'Martín Sombra', del Bloque Oriental de las FARC, están los secuestros del exgobernador del Meta, Alan Jara, de los parlamentarios Consuelo Gonzáles de Perdomo, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Gechen Turbay, y de la excandidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, y su asesora Clara.

Otro de los casos priorizados que hace parte de la primera acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación como crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario es el de Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal.

Desmovilizado del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), delinquió entre los años de 1986 hasta el año 2008, primero en las filas de la guerrilla del ELN y luego como segundo comandante del ERG. Sánchez Caro será juzgado por 38 casos de desaparición forzada, 46 de secuestro, 42 de desplazamiento forzado, 21 casos de reclutamiento ilícito y 21 de delitos de género.

Estas imputaciones forman parte del plan de priorización de máximos responsables de grupos paramilitares y de subversión que adelanta la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y que pretende reparar a todas las víctimas del conflicto armado, ha destacado la Fiscalía.