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Rousseff defiende la presunción de inocencia y clama contra la "execración pública"

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha defendido la presunción de inocencia, advirtiendo en contra de la "execración pública", después de que la revista 'IstoÉ' informara de que el senador oficialista Delcidio Amaral ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para implicar a Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en la trama corrupta de Petrobras.
"Seguiremos defendiendo que la presunción de inocencia vale para todos y no puede ser sustituida por la presunción de culpa, que da lugar a la execración pública de cualquier persona", ha dicho Rousseff durante la ceremonia de investidura de los nuevos ministros.
La líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha asegurado que "la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad del Gobierno", al tiempo que ha subrayado que "ningún Gobierno ha encarado tan duramente" esta cuestión".
"Al final, no estamos investigando la corrupción porque haya comenzado ahora, en mi Gobierno, (por lo que) está siendo investigada libremente y sin presiones, no hemos puesto barreras ni obstaculizado las investigaciones", ha afirmado.
El ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner, ha revelado que Rousseff está "indignada" por las acusaciones que aparentemente se han vertido contra ella. "Es completamente absurdo", ha valorado, considerando que "no tienen mucha consistencia", según ha informado 'O Globo'.
Lula, por su parte, ha reaccionado en un comunicado difundido por su Instituto, en el que ha sostenido que "jamás ha participado directa o indirectamente de cualquier ilegalidad, sea en los hechos investigados en 'Lava Jato' o en cualquier otro, antes o después de su Gobierno".
ACUERDO DE DELACIÓN
'IstoÉ' ha revelado que Amaral ha firmado un acuerdo de 400 páginas con la Procuraduría General por el cual se compromete a entregar información hasta ahora desconocida de la 'Operación Lava Jato' a cambio de "indulgencia".
Amaral fue detenido el 25 de noviembre y salió de prisión el 19 de febrero acusado de obstrucción a la Justicia por interferir en las pesquisas del grupo de trabajo de la Policía Federal dedicado a desgranar la red de cobro de sobornos a cambio de contratos de Petrobras.
En una declaración preliminar, Amaral ha sostenido que Rousseff tenía "pleno conocimiento del proceso de adquisición de la refinería" de Pasadena, que supuso un perjuicio de 792 millones de dólares para Petrobras, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas de la Unión.
Amaral ha acusado a Lula de ordenar el pago de "mensualidades" a varios legisladores a cambio de apoyo político al Gobierno desde el Congreso, algo que se investiga en el caso 'Mensalao'. En concreto, ha confesado que el ex presidente le encargó que se ocupara de los ingresos periódicos a Néstor Cerveró.
Además, el senador 'petista' ha asegurado que tanto Rousseff como Lula intentaron interferir en las pesquisas sobre la petrolera estatal a través del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ha sido relevado esta semana.