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El SIP alerta del "marcado deterioro" de la libertad de prensa en América Latina

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado del "marcado deterioro" de la libertad en el hemisferio occidental durante el último semestre, un periodo en el que han sido asesinados once periodistas en América Latina y en el que continúan dándose casos de censura --directa e indirecta--.
La SIP se ha reunido del 17 al 21 de octubre en la capital chilena para hacer balance de los últimos seis meses. En sus conclusiones, difundidas en un comunicado, la organización ha lamentado situaciones de abuso de la libertad de expresión y prensa que se traducen incluso en violencia física.
Once periodistas murieron asesinados durante el último semestre: tres en Paraguay, tres en Honduras, dos en México, uno en El Salvador, uno en Colombia y uno en Perú.
Además, en Venezuela varios trabajadores de medios de comunicación han sufrido heridas a manos de "las fuerzas policiales y grupos parapoliciales a órdenes del Gobierno", según la SIP, que también ha detectado agresiones a periodistas durante los procesos electorales en Bolivia, Brasil y Perú, y en las protestas de Ferguson (Estados Unidos) a raíz de la muerte de un joven negro tiroteado por un agente de Policía.
En Cuba, cuatro periodistas permanecen en prisión con penas de entre siete y 14 años de cárcel, "mientras que continúa la detención masiva de disidentes por el simple hecho de expresar sus opiniones políticas".
MALOS EJEMPLOS
La SIP ha citado la aprobación de la ley de transparencia en Paraguay como la "noticia más positiva" de un semestre caracterizado por escasos avances.
"La falta de transparencia y el acceso a la información pública sigue como un escollo para el libre ejercicio del periodismo en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, y República Dominicana", ha lamentado la organización.
Las autoridades también se han entrometido en la labor de los medios de comunicación. En Brasil, según la SIP, se produjo una "censura evidente" cuando, durante el proceso electoral, la Justicia aceptó 138 peticiones para que se retirasen contenidos de los medios.
Por otra parte, la organización ha lamentado que, en Bolivia, el presidente Evo Morales no sufriese ningún tipo de limitación en la propaganda 30 días antes de los comicios y la oposición sí. El Gobierno boliviano prevé, además, sancionar una controvertida ley de comunicación.
La "censura" aludida por la SIP también incluye a Ecuador, donde la Corte Constitucional avaló la Ley de Medios y, por extensión, autorizó sanciones a 25 empresas de comunicación. Cuatro periódicos dejaron de publicar a raíz de esa legislación, ha lamentado la organización interamericana.
En Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro continua negando divisas para la compra de insumos para los medios impresos, en palabras de la SIP, que ha cifrado en más de 30 los periódicos afectados por la falta de papel. Otros doce, ha añadido, han tenido que dejar de publicar debido a estas carencias.
Haití, Chile y Colombia también cuentan con resquicios legales para que el Gobierno y los órganos públicos de control "puedan entrometerse en contenidos y criterios editoriales", mientras que en Costa Rica se discute actualmente una ley con "serias restricciones al contenido y criterios" de los medios.
Asimismo, la SIP ha denunciado la "corrupción" estatal de países como Nicaragua, Venezuela y Argentina, donde se da una "distribución discriminatoria de la publicidad oficial".
Argentina aparece citada también dentro de los países con "concentración de medios" junto a Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela y la SIP ha vuelto a denunciar su Ley de Servicios Audiovisuales, que considera dirigida contra el grupo 'Clarín' en base a una "aplicación discriminatoria".
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos tampoco se libra de este particular repaso de la SIP, que en el caso norteamericano ha cuestionado la "tendencia" del Gobierno de Barack Obama de "prohibir a sus funcionarios hablar con la prensa".
La organización ha criticado que ni en Estados Unidos ni en Canadá hayan prosperado reformas legislativas para limitar las "excepciones" por las que los Gobiernos restringen la información pública alegando motivos de seguridad nacional.