El Salvador podría rechazar la extradición de militares implicados en el 'caso Ellacuría'

Según las informaciones recogidas por el diario local 'El Faro', el documento apela al artículo 5 del tratado de extradición bilateral, que contempla que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y que el periodo para ejercer acciones penales en el caso de homicidios es de diez años.

El borrador está siendo analizado por los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y para la aprobación de cualquier resolución será necesario un mínimo de ocho de los magistrados.

El Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó en marzo solicitar nuevamente a El Salvador la extradición de los cuatro militares.

En concreto, se pedirá la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.

Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en el Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que les reclamara. Los exmilitares fueron detenidos en el país centroamericano, semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.

El juez Central de Instrucción 6 les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, adoptó esta decisión ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.

En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.