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Santos firma una nueva amnistía para más de 3.200 guerrilleros de las FARC dos semanas después del desarme

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este lunes un decreto con el que otorga el beneficio de la amnistía a 3.252 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), medida adoptada casi dos semanas después de concluir el desarme por parte de la guerrilla.
A los 3.252 guerrilleros, concentrados en las zonas veredales establecidas para tal propósito, se les ha concedido la amnistía por vía administrativa en relación a los delitos políticos y conexos que hayan cometido, lo que eleva a 6.005 el total de exmiembros de las FARC que han obtenido este beneficio.
Por la vía judicial han sido unos 1.400 los que han obtenido la amnistía, según ha explicado el ministro de Justicia y Derecho colombiano, Enrique Gil. "Con la firma de este decreto en total 7.400 miembros de las FARC han resuelto su situación jurídica", ha señalado, según un comunicado enviado desde la Presidencia colombiana.
Gil ha señalado que el Gobierno de Santos está "trabajando" con los equipos legales de las FARC y con el Consejo Superior de la Judicatura para "agilizar y buscar todos los mecanismos" para que el Ejecutivo cumpla con lo prometido "como lo ha venido haciendo" hasta ahora.
No obstante, hace más de dos semanas integrantes de la guerrilla se declararon en huelga de hambre para exigir al Gobierno y al Poder Judicial que cumplan la ley de amnistía e indulto que permitirá a miles de insurgentes abandonar la cárcel gracias al acuerdo de paz firmado el año pasado.
Se trata del tercer decreto de aplicación de la amnistía 'de iure' destinado a guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y conexos, como tenencia ilegal de armas o de uniformes militares, sedición y asonada.
El Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la ley de amnistía e indulto, que permitirá abandonar la cárcel a todos los guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos. Los responsables de otros delitos, incluidos los crímenes internacionales, tendrán que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que obtendrán sanciones suaves si aportan verdad.