El Tribunal Superior israelí exige revisar la acusación contra un soldado que disparó a un palestino esposado

La corte sentenció a favor de la víctima y de cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos e instó al abogado general militar a revisar la acusación a los soldados, que fueron formalmente inculpados hace un año ante un tribunal militar de los cargos de "comportamiento inadecuado".

El suceso, ocurrido el 7 de julio de 2008 en la aldea cisjordana de Nilín, fue grabado por la ONG israelí Betselem en un vídeo que muestra claramente como un soldado disparaba con un fusil a una distancia aproximada de metro y medio contra las piernas de Ashraf Abu Rahma, un palestino de 27 años que participaba en una protesta contra la ocupación.

En el momento del disparo el detenido, que resultó herido en un pie por la bala, tenía las manos esposadas en la espalda, los ojos cubiertos por un pañuelo, era sujetado del brazo por un militar y no realizaba ningún movimiento agresivo contra los soldados.

El Tribunal Superior de Justicia entiende en su dictamen de hoy que "la distancia moral entre la naturaleza de los actos descritos en el acta de acusación y la forma de la evaluación de la misma, con la ofensa de 'conducta inapropiada' es tan profunda que no puede mantenerse" y señala que "la gravedad del incidente desde un punto de vista moral y normativo es exagerada y excepcional".

La utilización de ese tipo de prácticas "hacia un detenido atado, esposado y con los ojos vendados indica una gran desviación de las normas éticas que todos los soldados del Ejército, y en especial los oficiales, están obligados a mantener".

El soldado israelí que efectuó el disparo se reincorporó a su unidad tras dos días de arresto y declaró a los investigadores del Ejército que su superior, el teniente coronel Omri, le ordenó tres veces que disparara contra el detenido.

El teniente coronel, sin embargo, aseguró entonces que tan sólo le pidió que agitase su arma para asustar al arrestado.

El diputado árabe israelí Talab el Sana se felicitó hoy por la decisión del tribunal superior que, según él, "confirma que el sistema judicial militar no es más que un sistema político que intenta dar justificación legal a la ocupación y sus actos" y pidió el cierre de los tribunales militares y la transferencia de su autoridad a la Oficina del Fiscal del Estado.