UE advierte a Egipto de que las penas de muerte masivas a Hermanos Musulmanes violan el Derecho Humanitario

La jefa de la diplomacia europea ha recordado que el mismo tribunal de Minya ya recomendó a finales de marzo la pena de muerte para 529 personas y ha admitido que resulta "especialmente preocupante" que en 37 casos la haya ratificado, al tiempo que ha instado a Egipto a "revertir" la tendencia "muy preocupante" en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos", que perjudica la superación de las divisiones en el país.

Ashton ha destacado que "los cargos exactos contra cada uno de los acusados siguen sin estar claros", "los procedimientos no cumplen los estándares más básicos de proceso debido" y "los veredictos parecen ser descaradamente desproporcionados", además de no cumplir el principio de dictar sentencias individuales.

La jefa de la diplomacia europea ha vuelto a hacer un llamamiento a las autoridades judiciales egipcias para que "garanticen, en línea con los estándares internacionales, el derecho de los acusados a un juicio justo y puntual, en base a cargos claros y adecuados e investigaciones independientes, así como su derecho de acceder y contactar con abogados y familiares" tras reiterar que "la UE está en contra de la pena de muerte en todos los casos".

"La UE hace un llamamiento a las autoridades egipcias para que reviertan inmediatamente esta tendencia, que perjudica cualquier perspectiva de superar las divisiones dentro de la sociedad y garanticen un proceso hacia un Egipto verdaderamente democrático, estable y próspero, abierto a todos los ciudadanos", ha expresado.

Las autoridades egipcias han aumentado sus acciones contra Hermanos Musulmanes desde el golpe de Estado que acabó en julio de 2013 con el mandato del entonces presidente, Mohamed Mursi, y tras la declaración de Hermanos Musulmanes como organización terrorista, decretada a finales de 2013 y ratificada por un tribunal en febrero.

Ashton ha insistido en que ésta tendencia negativa también afecta "a la seriedad de la transición en Egipto hacia una democracia, que requiere un marco legal y judicial que respete los estándares internacionales de Derechos Humanos".