La UE insta a Kiev a cumplir sus promesas y a la oposición a disociarse de los violentos

"Expresamos nuestra preocupación por el deterioro de la situación humanitaria. El arresto de personas heridas en frente de clínicas, varios casos de desapariciones y las informaciones de tortura son extremadamente preocupantes y no pueden ser aceptados bajo ninguna circunstancia", subraya la delegación de la UE en Kiev en un comunicado, acordado con los jefes de delegación de los Estados miembros en Ucrania.

La UE y los Veintiocho han dejado claro en la nota que los responsables de estos crímenes necesitan rendir cuentas ante la Justicia "de forma urgente".

"Parar estas prácticas es una condición previa indispensable para construir la confianza entre el Gobierno y la sociedad", recalcan en el comunicado.

Los jefes de misión de la UE han apelado a "todos" los bandos a "revocar" además todo el paquete legislativo que restringe los derechos fundamentales --aprobado el pasado 16 de enero-- y a adoptar cualquier decisión en base a la evaluación del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

"La UE continúa monitorizando la situación en Ucrania atentamente. La UE sigue comprometida con la asociación política y la integración económica de Ucrania", concluyen en la nota.

Los tres líderes de la oposición ucraniana rechazaron la oferta planteada por el presidente Viktor Yanukovich de pasar a ocupar varios altos cargos del Gobierno y han abogado por continuar con el diálogo político para superar la actual crisis. La principal demanda de la oposición es la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas.

Yanukovich y los tres principales dirigentes de la oposición acordaron este sábado impulsar una ley de amnistía para los responsables de los disturbios ocurridos desde que estalló la crisis política y la creación de una comisión que estudiará la reforma de la Constitución.

Aparte, el presidente ucraniano destituyó a tres altos cargos que habían expresado su disconformidad con la ley que restringe el derecho a manifestarse, aprobada el pasado 16 de enero, según ha informado la propia Presidencia en su página web.